Alfredo Prada, acusado en el juicio en la Audiencia Nacional por el Caso Campus de la Justicia: “¿Es un delito ser de León?”
“¡¿Si es un delito ser de León...!?”. Esta respuesta pronunciada, casi gritada, por el político Alfredo Prada Presa en la Audiencia Nacional por el caso Campus de la Justicia por el que se le piden ocho años de cárcel por varios delitos, resumía parte de la tensión que produjo la intencionalidad de la Fiscalía en su interrogatorio al exmandatario leonés en la fase final del juicio.
El representante de la Fiscalía Anticorrupción le acababa de preguntar su la editorial Everest y sus propietarios eran de León. Pretendía incidir en el amplio número de contratos pero también contrataciones de personal vinculado con su provincia de procedencia que Prada realizó al frente del proyecto fallido del Campus de la Justicia, como consejero del ramo y vicepresidente del Gobierno madrileño de Esperanza Aguirre. “No sé qué valor penal tiene que uno sea de León o sea de Santander”, aducía el exsenador por la provincia, algo por lo que la jueza le reconvino con firmeza: “Eso ya lo dirá el tribunal”.
El político mantuvo su queja por la pregunta: “Que me pregunten, cuando me están pidiendo que vaya a la cárcel, si un señor es de León, sinceramente no lo sé, pero si digo que no, lo sé va a parecer que estoy mintiendo...”. “Si yo digo que (la pregunta) es pertinente, es pertinente”, zanjó la magistrada con firmeza.
La pregunta se dirigía a las sospechas por un contrato tildado en el juicio de “insólito” por responsables de la propia Editorial Everest, con sede en la provincia leonesa, por el que una filial de libros infantiles acabó publicando, tras tres ofertas del mismo grupo, un lujoso libro sobre Norman Foster, el mundialmente conocido arquitecto que llegó a cobrar 10,6 millones de euros por el proyecto de varios edificios de Campos nunca ejecutados, dentro de un agujero final que sumó en total 355 millones de euros. Prada puntualizó hoy que esas tres ofertas del grupo Everest no fueron las únicas, pero al menos otra se rechazó por su altísimo coste.
Hoy era, por fin, el día en el que Prada tenía la opción de contestar en persona a todas las partes y se negó sólo a hacerlo ante la acusación particular, el letrado de la Comunidad de Madrid, el también leonés, Diego García Paz, al que por cierto el político aludió sin venir a cuento en su calidad de antiguo presidente de la Casa de León en Madrid.
La estrategia: responsabilizar a otra leonesa que ya no está imputada
En su intensa defensa personal, Alfredo Prada insistió en su inocencia, argumentándola con pasión durante más de una hora de preguntas. Muchas de esas respuestas se dirigieron a autoeximirse de toda responsabilidad y, en cambio, dirigirla a la entonces secretaria general de la Consejería de Presidencia, Loudes Manovel -alta funcionaria, también de León-, a la que acusó directamente de haber “mentido descaradamente” cuando acudió en calidad de testigo a la Audiencia Nacional a principios de marzo, y recordando con gran intención que previamente había estado imputada también pero se libró en la última fase de acompañarle en banquillo de los acusados. Hay que recordar que Manovel señaló al político como el más alto responsable de todas las decisiones, con frases categóricas como que “el único órgano de contratación era él”.
Prada lamentó no haber podido estar presente en aquella ocasión y haber exigido un careo para desmentirla, porque “tiene que haber cientos de documentos con el visto bueno de la señora Manovel”, dijo. Y no fue el único: otros dos imputados que comparecieron hoy siguieron idéntica estrategia al señalar a Manovel como quien lo preparaba y sancionaba todo antes de cualquier toma de decisión, sin advertencia de ilegalidad alguna.
“Aquí aparecen y desaparecen documentos de una manera increíble”
Cuando el asunto derivó hacia los documentos, el Fiscal quiso saber precisamente por qué de tantos trámites e informes faltaban algunos papeles esenciales cuando por orden judicial, al estallar el caso, se produjo el registro de los archivos del Campus de la Justicia de Madrid. Y a eso se aferró también Prada: “Si se han perdido no es problema mío”.
“Aquí aparecen y desaparecen documentos de una manera increíble”, lamentó, antes de explicar que “por vueltas que da la vida” todo ese archivo pasó por cuatro traslados de sedes “y se registró 10 años después” de que él fuera apartado de todos sus cargos por la propia Esperanza Aguirre de manera fulminante en junio de 2008. Un momento, por cierto, en el que relató que aunque había estado amenazado por la banda terrorista ETA -había sido vicepresidente del Senado poco antes- “ salí esa noche sin coche oficial y sin escolta”.
Este relato le permitió hablar ante el Tribunal, además, del calvario personal al que dijo haber estado sometido desde entonces. Lo resumió en que la acusación a la que ahora se enfrenta, desde su imputación formal hace cinco años, “me ha arruinado la vida en lo familiar, en lo personal, en lo social y en lo político”. Una “muerte social”, llegó a decir.
La teoría de la conspiración... política
Además, llegó a defender que su acusación actual procede de una conspiración política de la que señaló a Cristina Cifuentes en aquellos “ocho días críticos en los que la señora Cifuentes tuvo que acabar dimitiendo porque la sacaban escándalos un día sí y otro también”. Y es que Prada circunscribió en aquellos días el giro penal de su caso: “A mí me contó Pablo Casado, a la sazón presidente del PP, que el informe final” de la investigación de la gestión del Campus de la Justicia “tenía que ir al Tribunal de Cuentas; y ¡oh, sorpresa!, acabó en la Fiscalía General del Estado”.
Por último, ya a preguntas de su propio abogado, el político defendió haber actuado siempre “de buena fe y sin interés de ninguna clase” en sacar adelante el complejísimo proyecto del Campus, resaltando el hecho de que “ni yo ni ningún colaborador en aquellos años -muchos de ellos también imputados en esta misma causa- nos hemos enriquecido”.
También añadió que “ninguna de estas personas tienen que ver con el PP (...) y nunca se les ha contratado por razón de amistad, familiar o política, sino por cualificación profesional y previa selección, con concurrencia y publicidad”. Es más, ironizó con que estando en el ojo del huracán mediático, “si yo hubiera contratado a un primo quinto mío, eso estaba en las portadas de los periódicos”. E igual que “no tenía ningún interés con los trabajadores, tampoco con las empresas” que fueron contratadas para lo ejecutado aquellos días, quiso resaltar para cerrar.
