Los esquivos planes antifraude de las administraciones en León: no consta en cinco de los municipios más grandes
La Unión Europea obliga a todas las administraciones públicas que participan en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), obteniendo acceso a subvenciones económicas del programa europeo Next Generation, a diseñar, aprobar y tener en vigor un Plan Antifraude.
Este 'Plan de medidas antifraude' tiene como objetivo permitir que las administraciones públicas hagan uso de los fondos sin incumplir las normativas, concretamente aquellas que tienen relación con “el fraude, la corrupción y los conflictos de intereses”. Los planes se estructuran en torno a cuatro elementos clave: la prevención, detección, corrección y persecución del fraude.
El plazo de elaboración y aprobación era inferior a los 90 días desde la publicación de la Orden HFP/1030/2021, que se realizó el 29 de septiembre de 2021. Contabilizando este plazo como días hábiles, el fin de plazo teórico tuvo lugar en torno al 10 de febrero de 2022. Un plazo que solo el Ayuntamiento de León cumplió entre los principales ayuntamientos de la provincia, ya que aprobó su Plan Antifraude el 4 de febrero de aquel año.
Este periódico ha rastreado las webs de transparencia de 23 ayuntamientos de la provincia de León, incluyendo la Diputación provincial, y solo ha podido localizar que 16 de ellos tengan público su plan antifraude. Sin embargo, de cinco municipios no lo han hecho, cuatro de ellos entre los 15 más habitados de la provincia.
Transparencia
La Unión Europea obliga a las entidades a publicar en sede electrónica todo lo relativo al plan. A pesar de que en la mayoría de los casos los planes se encuentran publicados en el apartado de transparencia de cada entidad pública. En el momento de publicación de este artículo, los ayuntamientos tampoco han facilitado a ILEÓN el documento del Plan Antifraude, ni han aclarado si se encuentra en fase de tramitación, o ya está aprobado pero no lo hacen público.
El Ayuntamiento de San Andrés, uno de los que no lo tiene público, sí ha respondido a ILEÓN, justificando que tras la llegada en junio del actual equipo de Gobierno (UPL) en junio del 2023, y tras constatar que no existía Plan Antifraude, la nueva corporación asegura estar redactando el plan y que: “La intención es la de que esté listo para continuar con los siguientes trámites en cuestión de unos días”.
Cabe destacar que de entre los 16 municipios que sí lo han publicado, Astorga lo hizo el mismo día que este periódico se puso en contacto con el Consistorio para aclarar por qué no era público el documento.
En el caso de la ciudad León se puede encontrar en la web del Ayuntamiento, ya que su página de Transparencia se encuentra “en mantenimiento” desde hace un tiempo indefinido. El resto de ayuntamientos que no han hecho público el Plan Antifraude son: La Bañeza, Bembibre, Valverde de la Virgen, Sariegos y Sahagún.
Este último caso es especialmente llamativo debido a un informe publicado en 2023 por el Consejo de Cuentas de Castilla y León en el que se analizaba precisamente la creación y el funcionamiento de los Planes Antifraude en la Comunidad. Dentro de los municipios analizados en este informe, el Consejo de Cuentas llamaba la atención sobre el caso de Sahagún, a quien reclamaba por entonces la creación de un plan preventivo de lucha contra el fraude y que tampoco “creó órganos ni adoptó declaraciones, políticas, procedimientos o medidas de lucha contra el fraude, la corrupción y el conflicto de intereses”.
El Ayuntamiento de Sahagún señala que sí ha sido aprobado, aunque el desarrollo del mismo no se encuentra en su página web de transparencia. Sí que se localiza en su portal de transparencia un acta en el que se aprueba el obligado plan antifraude.
Comité antifraude político en Carracedelo
La Unión Europea también establece que se debe de crear un órgano para diseñar la estrategia del Plan Antifraude, así como el seguimiento de dicho plan. Los Ayuntamientos que han elaborado el documento han establecido la creación de comisiones o comités antifraudes que velen por el cumplimiento del plan. Algunas de sus funciones son abrir expedientes informativos ante sospechas de fraude y la resolución de los mismos. Una de las obligaciones de los Ayuntamientos es que además deben tener un buzón de denuncia de posibles fraudes, cuya investigación recae sobre el citado comité.
Para garantizar que no haya un conflicto de intereses, la práctica totalidad parte de comités antifraude que ha rastreado ILEÓN están formados por funcionarios de forma mayoritaria. Sin embargo, destaca el caso del municipio de Carracedelo en el que la mayoría de los integrantes del Comité son políticos; en concreto cuatro de los siete participantes forman parte del equipo de gobierno del PP que dirige el histórico alcalde Raúl Valcarce, también diputado provincial.
En el caso del Ayuntamiento de Corullón de los cuatro integrantes de la Comisión Antifraude la mitad son políticos y la otra mitad funcionarios. Este Ayuntamiento está gobernado con mayoría absoluta por el PSOE con Luis Alberto Arias González a la cabeza, también diputado provincial. En los demás casos de comités rastreados entre los principales municipios hay ninguno o un solo político presente en dicho órgano de vigilancia.
Por su parte, la Diputación de León también ha aprobado su Plan Antifraude y ha establecido nada más y nada menos que 10 integrantes en su comisión, de los que solo uno será un representante político, el propio presidente de la institución o persona en quien delegue.
