La Junta modifica y limita el presupuesto prorrogado ante la crisis generada por el Covid-19
La Consejería de Economía y Hacienda ha modificado el decreto que regula las condiciones de la prórroga de los Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2018 en el ejercicio 2020 como consecuencia de la crisis del Covid-19, según recoge en su edición de hoy el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl).
La resolución recuerda que el Estatuto de Autonomía de Castilla y León establece que si el proyecto de presupuestos no fuera aprobado antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, quedarán automáticamente prorrogados los del año anterior hasta la aprobación del nuevo.
“Sin embargo, la actual situación de pandemia internacional ocasionada por el Covid-19 y la declaración del estado de alarma exige adaptar las normas que regulan la gestión presupuestaria durante el período de prórroga a las nuevas circunstancias con el fin de garantizar la necesaria suficiencia financiera que permita el funcionamiento de la administración, cumplir con los compromisos contraídos y disponer de los recursos que permitan hacer frente a las necesidades que demanda el momento actual”, indica el texto legal para modificar las cuentas.
El decreto supone que los gastos de todas las consejerías se verán condicionados a excepción de los capítulos 1 y 2, correspondientes a los pagos de las nóminas y los gastos ordinarios de mantenimiento. Según recoge la resolución, los gastos de personal, con cargo al capítulo 1, se imputarán en base a las remuneraciones previstas individualmente para la categoría respectiva, por el que se aprueba el incremento de las retribuciones para 2020 en el ámbito del sector público de la Comunidad de Castilla y León y disposiciones que lo desarrollan. Los gastos corrientes en bienes y servicios, con cargo al capítulo 2, y hasta el límite del crédito inicial, a nivel de vinculación, aprobado en el Presupuesto para 2018, se imputarán por el importe de los gastos ordinarios de funcionamiento necesarios para mantener la prestación de los servicios públicos.
La Junta limita además cualquier nuevo gasto que no fuera habitual hasta el 31 de diciembre de 2019, incluyendo transferencias a otras entidades. “No obstante, si se considerara imprescindible realizar o imputar algún tipo de gasto no contemplado anteriormente, el titular de la Consejería que lo proponga elaborará una memoria justificativa de la necesidad del gasto, de su repercusión y efectos en el presupuesto de su Sección y de las previsiones de financiación que estime necesarias y lo someterá a autorización de la Consejería competente en materia de hacienda”, se explica. Se exime de esta circunstancia a los gastos de Sanidad, Familia y la Agencia de Protección Civil para los que sean directamente imputables a la gestión de la crisis del Covid-19.
