Junta y ayuntamientos se coordinarán para que las viviendas de uso turístico cumplan la normativa
El director general de Turismo, Javier Ramírez, anunció este martes la creación de una mesa de trabajo permanente que coordinará las acciones municipales y de la Junta para conseguir que las viviendas de uso turístico operen legalmente y no existan agravios comparativos en el sector. La decisión se ha adoptado en el marco del convenio de colaboración suscrito en 2016 con los ayuntamientos de Palencia, León, Ávila y Salamanca para establecer medidas de lucha contra el intrusismo y las actividades turísticas clandestinas.
En una reunión mantenida hoy con concejales y técnicos de turismo de los consistorios adheridos -a la que el de Ávila finalmente no pudo asistir- se abordó el grado de cumplimiento de la normativa autonómica y municipal en el sector turístico, ampliando la colaboración a otros ayuntamientos de capitales de provincia aún no adheridos al convenio. “Se incidirá especialmente a una materia que genera interés como el de la vivienda de uso turístico y se trata de buscar elementos mínimos que cada ayuntamiento tiene a la hora de regular este tipo de alojamientos”, indicó Ramírez.
Así, expuso que -con independencia del marco regulatorio definido en un Real Decreto de la Junta publicado en 2017- existe un amplio margen de decisión municipal sobre las viviendas de uso turístico desde el punto de vista del planeamiento urbanístico a la hora de otorgar concesiones o limitaciones en este tipo de alojamiento. “No podemos obligar a todos los ayuntamientos a que se adhieran al convenio aunque seguiremos insistiendo porque todavía no lo hemos conseguido. Quizás este grupo de trabajo consiga intensificar la colaboración en todas las capitales”, reconoció.
También añadió que se revisó cuál es el nivel regulación de las viviendas particulares de uso turístico, que a nivel nacional fue impugnada ante la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) estimó un precepto que la normativa autonómica deberá acatar cuando la sentencia sea firme. “El Decreto tendrá que contemplar que las viviendas particulares puedan alquilar por estancias y habitaciones, aunque la Junta entiende que en este tipo de alojamiento el alquiler debe ser completo ya que se ajusta mejor a la política turística de calidad”, añadió Ramírez.
El director general de Turismo sostuvo que la colaboración con los ayuntamientos en el tema de los alojamientos particulares pretende que se inscriban en el registro, en el que actualmente hay 945 viviendas de este tipo, detalló, para que no se produzcan “agravios comparativos” con hoteles, hostales y otros servicios turísticos que “dan de alta a sus trabajadores y pagan sus tasas y cumplen las obligaciones tributarias”, adaptándose así a las normativas locales, autonómicas y estatales.
“Se debe respetar en todo momento la libre competencia en un mercado dinámico y cambiante, donde hay definir con claridad lo que es economía colaborativa y economía sumergida”, concretó Ramirez. Además, señaló que la Junta busca también contar con información detallada y estar en contacto con plataformas de internet que distribuyen y comercializan este tipo de vivienda turística. “No será fácil pero se intenta que se cumpla el precepto del Real Decreto para que todas cuenten con un número de registro de actividades de turismo en Castilla y León. Se estudia además en el ámbito jurídico poder incoar expediente sancionadores a la plataformas si no se adaptaran a la ley”, aseveró.
Salamanca y León
Al finalizar la reunión el concejal de Cultura y Turismo de la Junta, Julio López, explicó que el acuerdo con la Junta y algunos ayuntamientos permite “apostar por el turismo de calidad” y la lucha contra el intrusismo y la clandestinidad en este sector de forma coordinada a nivel municipal y autonómico supone “defender un sello de calidad inherente a la marca de Castilla y León” dentro de la actividad turística de interior.
Sobre las viviendas de uso turístico dijo que “preocupa” y que no se es ajeno a una realidad que tiene su regulación en el Real Decreto de la Junta de 2017. “Suscita un interés comercial en las ciudades y los visitantes y turistas exigen este modelo que debe tener un registro y una licencia para operar. Por lo tanto, y hay que tomar medidas como adaptar nuestra normativa municipal y que no haya problemas en el encaje del plan general de ordenación urbana, donde esta figura no se recoge”, agregó.
Por su parte, la concejala del Turismo del Ayuntamiento de León, Margarita Torres, aseveró que el trabajo de lucha contra las actividades turísticas clandestinas en colaboración con la Junta busca mantener una oferta cultural y patrimonial “muy atractiva que cada año atrae más y mejores turistas a nuestra Comunidad”.
Por ello, dijo que crear una mesa de trabajo donde se estudie el funcionamiento de las viviendas de uso turístico es “saber adaptarse a los tiempos ante un problema real y latente”, ya que desde los municipios se está “al servicio de una sociedad dinámica y cambiante, donde hace siete años ni siquiera podía pensarse en que existieran plataformas para comercializar estos servicios”. Así, indicó que “hay que trabajar en equipo y no por libre, ya que es preciso buscar soluciones conjuntas tanto a nivel autonómico como municipal con reuniones periódicas”, concluyó.
