A por una solución para el carbón más allá de 2018
Los consejeros de Economía y Empleo de Castilla y León, Tomás Villanueva; del Principado de Asturias, José Manuel Rivero; y del Gobierno de Aragón, Francisco Bono, se reunirán el próximo lunes en la sede de la presidencia polaca de la Unión Europea, en Bruselas, para tratar las mejoras normativas imprescindibles para garantizar la actividad y el futuro del carbón más allá del 2018.
El grupo de trabajo constituido por Castilla y León, Asturias y Aragón, las tres principales comunidades españolas productoras de carbón, quiere desarrollar acciones de influencia, complicidad y liderazgo de la presidencia europea de turno de Polonia para acometer de forma urgente una modificación de la Decisión 787/2010/UE. Esta afecta a tres cuestiones claves para el sector minero: que se puedan conceder ayudas en el marco de planes de acceso a reservas estratégicas; que las empresas que reciban ayudas en el período 2011-2018 no estén obligadas a cerrar o bien devolver todas las ayudas recibidas en 2018 si quieren continuar con su actividad; y que se flexibilice la reducción de ayudas establecida para el período 2011-2018, que puede estrangular al sector del carbón mucho antes del fin del período. Esta postura que defienden Castilla y León, Asturias y Aragón coincide con la que fijó el Parlamento Europeo el 23 de noviembre de 2010.
Como consecuencia de esta posición fijada por las tres regiones españolas que mantienen el lunes el encuentro con la Presidencia de Polonia en la UE, se presentó una demanda conjunta ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en la que se pide la anulación de distintos artículos de la decisión 787/2010/UE del Consejo que, en la práctica, establece el fin de la actividad extractiva de la minería energética en Castilla y León y en España en 2018.
Existen serias dudas por parte de los tres gobiernos autonómicos del éxito de esta demanda, que no ha sido apoyada por el Gobierno de España. Es urgente dotar de seguridad jurídica a las inversiones de las empresas mineras para preparar sus tajos y poder trabajar más allá de 2018. Por este motivo, es imprescindible una actuación política contundente en el Consejo Europeo.
La posible predisposición de la presidencia polaca a esta actuación, junto a los cambios acontecidos desde que se tomó la Decisión 787/2010/UE y que afectan a la seguridad de suministro energético -tales como la primavera árabe, Fukushima o las decisiones de cierre nuclear en Alemania- hacen necesario y oportuno intentar un cambio en la posición contraria al carbón del comisario de la Competencia, Joaquín Almunia y del Consejo Europeo.
