El Gobierno y la Junta controlarán que las empresas cumplan con el protocolo 'anticoronavirus'
El Gobierno de España y la Junta de Castilla y León ponen en marcha una campaña conjunta y coordinada para controlar el cumplimiento de las medidas de prevención y contención sanitarias 'anticoronavirus' en los centros de trabajo.
La iniciativa está promovida por las Consejerías de Empleo e Industria y de Sanidad, en colaboración con el organismo autónomo estatal adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social, y en ella están participando más de 130 inspectores, subinspectores y técnicos de las unidades de Seguridad y Salud Laboral de los tres departamentos, de los cuales 69 pertenecen a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio, y 21 estarán en León.
La campaña se desarrollará en dos fases. En la primera, que se inició este miércoles y se prolongará hasta el 9 de agosto, equipos integrados por personal de ambas consejerías y de la Inspección estatal están realizando visitas de control a empresas de los sectores agroalimentario, cárnico, hostelero, comercial e industrial, en función de las actividades más representativas de cada provincia.
La segunda etapa comenzará a partir del 10 de agosto, y a ella se incorporarán más efectivos del área de Sanidad, que operarán de forma independiente, pero coordinada, con los de Trabajo y los técnicos de Empleo e Industria, de manera que entre ambos equipos existirá un intercambio de información continua.
Medidas de obligado cumplimiento
El objeto de las visitas a los centros de trabajo es comprobar que las compañías de Castilla y León están adoptando las medidas de prevención, contención, seguridad e higiene frente a la pandemia, reguladas tanto por la normativa estatal como por la autonómica.
El delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, señaló en declaraciones recogidas por Ical que los inspectores velarán por el cumplimiento de medidas como la “existencia de geles hidroalcohólicos, el uso de mascarillas, la distancia de seguridad de metro y medio entre los trabajadores o equipos de protección individual y que sean espacios suficientemente ventilados”. “Una serie de medidas que gracias a los cambios normativos promovidos por el Gobierno de España facultan a los inspectores de trabajo para hacer las labores de control de este tipo de medidas que pretenden frenar la propagación del coronavirus en los centros de trabajo”, defendió.
En los centros productivos deben garantizarse, asimismo, la ventilación, limpieza e higiene de las dependencias, la provisión de hidrogeles, la reordenación de los turnos para evitar la coincidencia masiva de personas –ya sean clientes o trabajadores– y el fomento del teletrabajo.
El Ejecutivo de Castilla y León marca también limitaciones en los aforos y establece unas pautas para el uso de instalaciones comunes –como ascensores, aseos, vestuarios, probadores o salas de lactancia–, así como directrices para la desinfección de locales, uniformes y ropa de trabajo.
El personal que va a participar en esta campaña está habilitado para fijar sanciones en el caso de detectar incumplimientos por parte de las empresas. Así, los inspectores y subinspectores estatales pueden establecer multas de entre 2.046 y 40.985 euros por infracciones graves.
Por su parte, las sanciones aplicables por la Junta oscilan entre los 100 y los 3.000 euros para infracciones leves; entre los 3.001 y 60.000 euros para las graves; y entre los 60.001 y 600.000 euros en el caso de las muy graves, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto Ley 7/2020, de 23 de julio.
Esta campaña específica de control que van a llevar a cabo conjuntamente las Consejerías de Empleo e Industria, de Sanidad y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social es compatible con la labor que con idéntica finalidad desarrollan el resto de áreas del Gobierno autonómico, a través del personal adscrito a funciones de información, vigilancia, inspección y control, tal y como recoge expresamente el Acuerdo 29/2020, de 19 de junio.
