36 de los 831 leoneses denunciados por incumplir el estado de alarma ya han pagado la multa
Los cuerpos y fuerzas del seguridad del Estado notifican 11.693 sanciones a ciudadanos que se saltaron el estado de alarma frente al Covid-19 en Castilla y León, por lo que los infractores podrán abonarlas o recurrirlas. En conjunto, se han impuesto 13.035, por diferentes conductas.
En ese sentido, según los datos del Ministerio del Interior a los que tuvo acceso Ical, el 89,7 por ciento ya han sido remitidas a los infractores. Entre las que se han notificado, 835 sanciones han sido pagadas para poner fin al procedimiento abierto por incumplir las restricciones, mientras que 200 han sido recurridas por no estar de acuerdo con el procedimiento de sanción abierto.
Tras casi tres tres meses de estado de alarma, la provincia con más sanciones incoadas es Burgos, con un total de 2.862, seguida a bastante distancia por Valladolid con 1.868 y Segovia, con 1.850. Salamanca con 1.047. También altas fueron las cifras de Palencia (1.470), Zamora (1.208) y Ávila (1.189). En el lado opuesto figuran Soria con 710 y León con 831.
De forma paralela, se están notificando o ya se han notificado 2.534 sanciones en la provincia de Burgos, seguida de Valladolid, con 1.786; Segovia, con 1.341, y Palencia, con 1.276. También han sido enviadas a los domicilios 1.136 propuestas de sanción en Zamora; 1.117 en Ávila; 1.032 en Salamanca; 813 en León y 658 en Soria.
De las 835 que han sido pagadas en Castilla y León, destaca Zamora donde no se registra ninguna abonada. En el lado opuesto destaca Segovia con 170 satisfechas; Palencia, con 138; Ávila, con 131; Burgos, con 111; Valladolid, con 91; Salamanca, con 87; Soria, con 71, y 36 en León. Además, en paralelo, se han recurrido 130 sanciones en Valladolid y 70 en Soria.
Las sanciones por incumplir el confinamiento del estado de alarma conllevan multas que pueden oscilar entre los 601 euros y los 30.000 euros en aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como 'ley mordaza' que el Ministerio del Interior ha propuesto derogar. De esta forma, la incoación de los procedimientos sancionadores se inician por la presunta comisión de infracción de desobediencia a la autoridad del artículo 36.6 de la controvertida norma, que fue aprobada en 2015.
