Las Cortes tramitan una ley relativa a la muerte digna con el único voto en contra de Vox

Las Cortes de Castilla y León tomaron este miércoles en consideración la proposición de ley de derechos y garantías al final de la vida, presentada por Ciudadanos, con la que se abre el debate de la dignidad de los pacientes a una vida y muerte digna y el refuerzo de los cuidados paliativos. El texto contó con 68 votos de los 81 procuradores a favor y 13 en contra, de los parlamentarios de Vox. La 'popular' Paloma Vallejo afirmó que no supone una “fricción” en la coalición de Gobierno, porque es un voto en conciencia.

En la presentación del texto, Francisco Igea consideró que era más urgente una ley de derechos y garantías que la de eutanasia, afirmó que “en este país se muere mal por falta de información” o por “negar la sedación” y concluyó que no debería suceder con la ley del paciente, aunque añadió que, en la práctica, sucede.

Igea relató dos casos en la tribuna de las Cortes, de una mujer de 44 años con un cáncer de estómago sin solución a la que planteó la sedación “para no pasarlo mal” y treinta días después pidió una solución; y la de otra mujer que pidió acabar con su sufrimiento. “Esto que parece fácil no es así, y dicen que están matando” al paciente y es “no dejar a la gente decidir”.

“Por eso es necesaria esta ley, no es la ley de Ciudadanos, tiene que ser la ley de estas Cortes”, argumentó Igea, que afirmó que no es el trabajo de su partido, sino de muchas personas.

El procurador de Ciudadanos y exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea, rescata así la iniciativa en forma de proposición de ley -primera que se presenta en esta XI Legislatura-, ya que durante el Gobierno de coalición no se pudo aprobar la que era una de las leyes estrella de la formación liberal debido a la disolución anticipada de las Cortes por la convocatoria de elecciones el pasado 13 de febrero.

Javier Bernardo Teira (Vox) compartió en que se debe abordar dejando la ideología y con rigor pero marcó una diferencia y cinco dificultades en el texto, como que no se establecen nuevos derechos, sino los que existen; que se meta al paciente en un grado de burocracia para tomar decisiones y se preguntó “qué hay de malo en estar en manos del médico”.

“Esta proposición relega el derecho a la vida como principio básico revelador”, aseveró el procurador, convencido de que es “un peligro para la dignidad”. Además, se refirió a los cuidados paliativos en el sentido de que “si no tienes dinero, tienes que morirte ya”. Por ello, pidió reforzar los cuidados paliativos. Finalmente, alegó a que esa ley sería “aliada” de la de eutanasia, “una cultura de la muerte”.

Replicó Igea que el parlamentario de Vox realizó un discurso ajeno a la ley planteada y preguntó por qué se tiene que obligar a una paciente a resistir cuando no hay esperanza, para insistir en que la persona está viva y tiene que decidir él y en que la medicina se basa en la verdad al paciente. “No es el debate de la eutanasia”, zanjó.

Teira estimó que “se ventila una consideración jurídica” como el derecho a la vida que puso por encima de los derechos de libertad, calificó que son “momentos terribles” para una persona, defendió los cuidados paliativos y terminó en que estarán con el derecho a la vida “aunque al final solo seamos 13”.

La toma en consideración contó con el apoyo de Pablo Fernández (Unidas Podemos), que pidió una llamada a la reflexión de los procuradores, dejar la ideología para garantizar a todas las personas sus derechos hasta el final de su vida. “Una ley como esta debería contar con el apoyo unánime de toda la Cámara”, sostuvo.

Por UPL-Soria Ya, el leonesista Luis Mariano Santos manifestó que no le resultaba fácil la toma en consideración de un “tema espinoso”, aunque estimó “oportuno” abrir el debate ante el final de la vida y planteó, como primera reflexión, que la medicina posibilita ampliar la vida a personas en un estado terminal pero en la necesidad del paciente de decidir.

En nombre del Grupo Socialista, Jesús Puente apoyó que se dé respuesta a los cuidados paliativos y vio con “interés y empatía” la propuesta planteada por Igea, pero abogó por mejorar los medios y recursos económicos para ofrecer una calidad a las personas que se encuentran en estado terminal. Puente pidió una cobertura total para que no recaiga en la atención primaria o las urgencias.

La procuradora del PP María Paloma Vallejo, que pidió “no banalizar” el debate con los reproches, calificó de “esenciales” todos los derechos a tener una muerte digna, a tener una información y cuidados paliativos y recordó que Castilla y León es la única comunidad con la categoría de médicos en cuidados paliativos.

Tras recordar que su grupo se opuso a la ley de eutanasia, manifestó que la norma presentada no es el debate de la eutanasia y lamentó que no exista en España una ley de derechos y garantías, a la vez que repasó los recogidos en la proposición de ley. “Este Gobierno de coalición votará según sus propias convicciones, sin fricción, porque no afecta al programa de Gobierno”, anotó. “Por coherencia, vamos a apoyarla”, precisó.

Respuesta a problemas éticos

Según la exposición de motivos de la PPL, el tiempo transcurrido desde la aprobación de la ley de 2003 de derechos y garantías de las personas en relación con la salud, el nivel de autonomía en las decisiones alcanzado por los pacientes, la superación por gran parte de los profesionales y pacientes de una relación paternalista en la prestación de la atención sanitaria, la limitación en la aplicación de medidas de soporte vital en situaciones de irreversibilidad de la enfermedad o el avance de los cuidados paliativos, entre otras cuestiones, han hecho surgir nuevas demandas sociales.

Otro objetivo fundamental de la norma es dar una respuesta legal a los problemas éticos a los que se enfrentan los profesionales sanitarios que acompañan a las personas que se encuentran ante el proceso final de su vida. “Todo esto ha hecho que sea necesario profundizar más en estos derechos y visibilizar éstos y sus garantías, en un momento concreto de especial vulnerabilidad de los pacientes”, precisa.

La norma se apoya en el respeto a la autonomía y la voluntad de las personas en el proceso final de su vida, presta especial atención al derecho a una información asistencial completa, clara y comprensible y al derecho a la toma de decisiones e incide en la necesaria comunicación entre profesional sanitario y paciente para aplicar un plan terapéutico una vez que la enfermedad ya sea irreversible.