La Junta de Castilla y León privatizó por más de 100.000 euros un contrato que adjudicó a la pareja de un cargo de confianza

Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. / Miriam Chacón / ICAL

Laura Cornejo / elDiariocyl

La Junta de Castilla y León adjudicó el pasado mes de febrero un contrato de más de 100.000 euros a la pareja del actual jefe del Servicio Territorial de Medio Ambiente, un alto cargo de la administración autonómica 'de confianza'. Lo hizo a través de un procedimiento negociado sin publicidad, con invitación directa a quienes el Gobierno autonómico estimó oportuno, y mediante un cúmulo de irregularidades que la Consejería de Fomento y Medio Ambiente no ha justificado.

La Consejería decidió el año pasado externalizar el servicio de comunicación para el Operativo para la prevención y extinción de incendios forestales y la gestión de la cuenta de Twitter @naturalezacyl con un informe en el que asegura que carece de medios suficientes para llevarlo a cabo con su personal, a pesar de que siempre había sido así. De esta manera, el 11 de junio de 2021 sacó una licitación abierta para realizar e implantar un plan de divulgación y comunicación y la gestión de comunicación durante la campaña de incendios incluyendo la cuenta de Twitter durante 28 meses con un presupuesto máximo de 154.033,00 euros. Tan solo concedía 17 días de plazo para la presentación de ofertas.

La licitación abierta quedó en nada. En septiembre la Consejería optó por un procedimiento negociado sin publicidad haciendo referencia a una orden de 28 de julio que no fue publicada en la Plataforma de Contratación del Estado pero que sí se ha facilitado a elDiario.es. En esa orden se declaró desierto el concurso porque nadie se había presentado.

Un concurso desierto

Agencias consultadas por este diario aseguran que, a pesar de que el confinamiento del año anterior dejó sus cuentas tocadas, presentarse a esa licitación era “prácticamente imposible” tanto por las exigencias administrativas como por el propio pliego, que algunas consideran un “auténtico embrollo” y por el escaso plazo que se dio. “Entre otras muchas cosas exigían que te desplazases a un incendio en media hora. Eso es imposible incluso si tienes a una persona en cada provincia, pero además se pedía disponibilidad total los siete días, para eso no basta una persona por provincia tienes que tener al menos dos”, aseguran. Después de un año de pandemia, con los eventos paralizados, las agencias de comunicación no vieron una oportunidad de negocio en ese contrato público “si se cumplían los pliegos” porque “salía a pagar”.

De este modo, la Consejería eligió a los futuros licitadores cursando invitaciones a quien consideró oportuno el 4 de noviembre de 2021. Dos agencias de comunicación y dos personas físicas, que en ese momento no tenían inscrita empresa alguna en el Registro Mercantil: una mujer de un asesor de la Dirección General de Patrimonio Natural (perteneciente a la Consejería y cuyo titular formalizó el contrato con la adjudicataria final) y otra pareja de un funcionario de Medio Ambiente que desde el pasado mes de agosto es jefe del Servicio Territorial de Valladolid. Solo esta última y una agencia presentaron oferta.

“Exenta de IVA”

La oferta de la agencia era de 111.720 euros, que con el 21% de IVA hacía un total de 135.181,20 y la de la pareja del funcionario era de 127.000 euros “exenta de IVA”, tal y como aparece en el expediente. Aunque el pliego hacía constar que había que aportar la oferta económica y el total sumando el IVA, se aceptó una oferta que directamente omitía el pago de impuestos. Según ha podido saber este diario, se comunicó a la agencia que su propuesta era la más barata. De ese modo, estaba dando por hecho que había que sumar el IVA a la de su oponente y que el montante final superaba el de la agencia.

Sin embargo, como el “único aspecto objeto de negociación” por parte de la Consejería era el precio, se solicitó a los licitadores la mejora o ratificación de las ofertas. La agencia no presentó oferta de negociación, pero la otra licitadora sí: bajó su oferta económica hasta los 104.000 euros, de forma que mejoró la de la agencia y se hizo con el contrato, pero por estar “exenta de IVA”. La adjudicación se produjo el 16 de febrero y se formalizó el contrato un mes después.

La Consejería no aclara por qué recurre a dos particulares que carecen de empresa, pero asegura que la adjudicataria “figura en el apartado de licitadores y contratistas del sistema de Contratación Administrativa de la Comunidad Autónoma, al menos desde julio de 2021” —momento en que la licitación había quedado desierta— por lo que “es susceptible de participar en la adjudicación de contratos”. El registro de licitadores sirve para simplificar trámites acreditando una sola vez la capacidad para contratar o estar al corriente de pago de impuestos o seguridad social. Lo que la Consejería omite es que en el propio pliego se hace referencia siempre a empresas y que la adjudicataria inscribió la suya en el Registro Mercantil el pasado 16 de junio de 2022, antes solo pudo acreditar que era autónoma.

Mientras desde la Consejería se precisa que el pliego “se cumple”, la afirmación es más que cuestionable dadas las quejas de los propios trabajadores del operativo de incendios que han criticado abiertamente en las redes la externalización del servicio de comunicación y la forma de dar la información. Uno de los cometidos que se marcan en el pliego es el envío de dos partes diarios de incendios a los medios de comunicación: uno a las 10.00 de la mañana y otro a las 19.00. Los retrasos han sido continuos, en algún caso de hasta seis horas y media, y en muchos casos con información también desfasada.

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