El PSCyL pide a los ciudadanos que reclamen 31 millones de recargo en la factura de la luz por el 'peaje territorial'

El Grupo Socialista en las Cortes de Castilla y León denunció hoy que un 1,5 millones de ciudadanos de la Comunidad están obligados a pagar 31 millones de euros en la factura de la luz, entre diez y doce euros anuales de forma individual, para compensar a las eléctricas por el impuesto de afección medio ambiental de 2013, conocido como suplemento territorial, por lo que animó a reclamar la devolución a la Junta.

Durante una rueda de prensa, el coordinador del área de Economía e Industria del Grupo Parlamentario Socialista, José Francisco Martín, y la portavoz socialista de Economía y Hacienda, Rosa Rubio, pidieron a familias, autónomos y empresas que reclamen a la Junta a las cantidades, ya que en los presupuestos de 2013 se acordó la creación de un fondo de compensación de las cantidades repercutidas a los ciudadanos por la aplicación del impuesto medioambiental.

José Francisco Martín criticó que la Junta no haya dicho nada de ese suplemento territorial que repercute en los consumidores y subrayó el “otro olvido”, que es la creación del fondo, recogido en una disposición de la ley de Presupuestos de la Comunidad de 2013, del que se podrían beneficiar los afectados: 1.16.000 hogares, 194.000 autónomos y 162.000 empresas.

Aunque la cantidad identificada en el recibo de la luz como suplemento territorial por tributos autonómicos del año 2013 puede estar entre los diez y doce euros fraccionados al año para una factura tipo de 50 euros al mes de luz, Martín invitó a que se reclame y se les devuelva, como va a hacer él para entregar esa cantidad a la Asociación Española contra el Cáncer.

En tal sentido, animó a “colapsar” las dependencias de la Junta con las solicitudes de devolución y a entregarlas a la causa de una ONG en Castilla y León, algo que realizó como una “llamada casi personal”. A la Junta la solicitó, si bien estimó que no lo hará, que facilite la vida de la gente y se ponga en contacto con las eléctricas que facturan en la Comunidad para asumir dicho recargo a través del fondo y que no repercuta en los consumidores.

La Junta de Castilla y León creó en 2012 -momento de la crisis- como uno de los tributos propios el impuesto sobre la afección medioambiental causada por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión, por el que entre 2012-2018 ha recaudado 387 millones, 61 en 2018.

El Grupo Socialista presentó una enmienda para la creación de un fondo de compensación, que se rechazó, aunque se recogió en una disposición de los presupuestos autonómicos para el año 2013. En concreto, dice que se crea ese fondo para compensar las cantidades que por aplicación de dos artículos de la ley del Sector Eléctrico sean repercutidas a los consumidores. El fondo se dotará de los ingresos obtenidos del impuesto.

El suplemento territorial proviene de un Real-Decreto de 2012 del entonces ministro de Economía y Hacienda del PP Cristóbal Montero en el que se estableció que las eléctricas tenían que repercutir a sus clientes los impuestos medioambientales autonómicos que tuvieran que pagar. Después de numerosas sentencias, el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional dicha norma y el Supremo la anula en 2016, excepto en relación al año 2013 que sí tiene que ser repercutido a los consumidores.

A partir de ese momento y para regularlo el Gobierno pide información a las comunidades en relación a la cantidad recaudada por ese impuesto en 2013, pero solo Cataluña y Castilla y León no responden y obliga al Ejecutivo a realizar un cálculo por la facturación de las eléctricas. En una simulación que realizó en la memoria de la orden de 2019 para una factura media anual de un consumidor doméstico de 600 euros el impacto anual sería de 13,18 euros, que las eléctricas pueden aplazar facturando cada mes 1,098 euros “para que pase lo más desapercibido posible”.

Por último, Martín manifestó que “duele” que Castilla y León sea el territorio más excedentario de recursos energéticos y sea la más afectada, tras Galicia, por ese recargo territorial, lo que calificó de una “venganza de Montoro” con la Comunidad.