El Constitucional anula el acuerdo de las Cortes autonómicas que paralizó la investigación de la trama eólica
El Tribunal Constitucional (TC) ha estimado el recurso de amparo promovido por dos procuradores del PSOE de Castilla y León, José Francisco Martín y Javier Izquierdo, contra el acuerdo adoptado en la Mesa del 20 de diciembre de 2017 por el que se denegó el amparo solicitado frente a la paralización de las actividades de la comisión de investigación de las eólicas. El Alto Tribunal defiende la existencia de “un panorama de restricción” de la actividad de la comisión que da como resultado “una perturbación en la ejecución natural de sus tareas”, en especial en lo relativo a las comparecencias acordadas en 2016“.
La sentencia, redactada por el magistrado Fernando Dal-Ré, declara la nulidad del acuerdo de la mesa del 20 de diciembre de 2017 y se ordena “retrotraer las actuaciones hasta el momento anterior al de su resolución para que la Mesa dicte un nuevo acuerdo sobre la solicitud presentada que sea respetuosa con el derecho de participación política”.
Con esta sentencia se da respuesta al recurso de amparo presentado por los procuradores socialistas que denunciaron la “paralización o perturbación” objetiva de los trabajos de la comisión de investigación tras la constitución y composición de la comisión el 22 de octubre de 2015; la aprobación de la relación de comparecientes unos meses más tarde; en 2018 seguía sin determinarse un calendario para la celebración de las correspondientes sesiones de declaración de los comparecientes.
Ante estos datos, el Constitucional entiende que el discurrir de los trabajos de la comisión de investigación se ha traducido en una dinámica que “paraliza, perturba, obstruye o cuando menos dilata y demora su finalidad” y, de esta manera, se “restringe” el ejercicio del cargo por parte de los procuradores que integran la comisión.
En consecuencia, según la sentencia, se ha producido “objetiva y materialmente” una “obstaculización impropia e intensa del natural ejercicio del derecho fundamental del artículo 23.2 CE”, concluye el fallo.
La comisión de investigación de la trama eólica se inició en el año 2016 en las Cortes de Castilla y León tras conocerse la querella interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción contra 21 personas por un caso de presuntas comisiones ilegales de 80 millones de euros por ajdudicar parques eólicos. Los dos mayores implicados son dos exaltos cargos de la Junta, Rafael Delgado y Alberto Esgueva, que presuntamente habrían cobrado millones de euros en comisiones por chanchullear las adjudicaciones de permisos.
La investigación en un Juzgado de Valladolid ha abierto las sospechas sobre las adjudicaciones de los parques, que presuntamente se mangoneaban en la consejería de Economía que dirigía el fallecido exconsejero Tomás Villanueva. El leonés Ricardo González-Mantero, director general de Energía y Minas de la Junta, ha sido señalado junto a Villanueva por su presunta implicación aunque de momento sólo ha pasado como testigo por los juzgados.
El sector eólico de Castilla y León arrastra desde su 'boom' a principios de siglo XXI graves problemas con la Justicia. Varios e importantes proyectos eólicos han sido anulados en los tribunales en los últimos años -como los parques Peña del Gato, Quintana o La Espina en la provincia de León- tras ser denunciados por colectivos ecologistas por diversas irregularidades en su tramitación o no respetar la normativa ambiental vigente. Pero también la industria eólica se ha asentado en la provincia con importantes factorías aunque también sonoros fracasos en estos años de 'boom' eólico como ha sido el cierre de la factoría de Vestas.
Reacción del PSOE a la sentencia
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Luis Tudanca, acusó hoy al PP de “vulnerar la Constitución Española” para “tapar su corrupción”, tras la sentencia dictada por el Tribunal Constitucional (TC) que estima el recurso presentado hace ahora un año por los socialistas. El líder de los socialistas en la Comunidad recordó que esta sentencia llega apenas unos días después de que se imputara a toda la cúpula de la Consejería de Economía por el caso de la 'Perla Negra' que es uno de los objetos de esta comisión de investigación.
Según Tudanca, la sentencia llega en un momento en el que es posible entender “mejor aún” qué era “lo que el PP tenía que ocultar”, y recordó que los socialistas llevan tiempo denunciando “la corrupción del régimen del PP durante 30 años” y su estrategia de “obstaculización y dilación” que hoy condena el Alto Tribunal y que, al no haber antecedentes, crea además jurisprudencia en el Constitucional.
Para Tudanca, la sentencia evidencia que el PSCyL “tenía razón” al hablar de la existencia de corrupción, y refleja que el PP está “dispuesto a utilizar las instituciones” hasta el punto de “vulnerar la Constitución” para tratar de “meterla debajo de la alfombra”, dijo. “Es una demostración más de que hay un régimen del PP que está manchado absolutamente de corrupción y que están dispuestos a cualquier cosa para taparla”, remarcó Tudanca.
Igualmente, Tudanca se preguntó si ni el presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, ni el presidente del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tienen previsto manifestarse al respecto después de que en “apenas unos meses” se haya condenado a quien fuera vicepresidente de Castilla y León en la trama Gürtel, se haya imputado a la cúpula de la Consejeria de Economía y el TC haya condenado por vulnerar la Constitución.
La sentencia establece que se ha “paralizado, perturbado y dilatado” la Comisión de Investigación creada hace más de tres años en las Cortes sobre las ilegalidades cometidas en la trama eólica, la Perla Negra y el polígono de Portillo vulnerando los artículos 23.1 y 23.2 sobre el derecho a ejercer las funciones representativas por parte de los parlamentarios y el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos.
Ciudadanos pide la reapertura de la comisión
El procurador autonómico de Ciudadanos José Ignacio Delgado reclamó hoy en León que la Junta “abra de una vez por todas” la comisión de investigación sobre la trama eólica y la 'Perla Negra' y lamentó que la consejera de Economía y Hacienda, Pilar del Olmo, “increíble y sorprendentemente esté encantada de haberse conocido”, por mostrarse satisfecha de que el Juzgado de Instrucción número de Valladolid haya decidido no abrir juicio contra ningún actual alto cargo de la Junta ni trabajadores de su Consejería por el caso del edificio de Arroyo de la Encomienda y el polígono de Portillo.
“Si está tan encantada, lo que tiene que hacer el PP es abrir esa comisión; hay muchos empresarios y ayuntamientos -hemos desarrollado un trabajo ímprobo y no sabemos para qué- que están deseando declarar. Políticamente, tenemos la responsabilidad de que todos sepamos la verdad de cómo ha estado instaurado el PP y la corrupción en Castilla y León”, pidió.
