Unos cien funcionarios interinos e indefinidos en León atacan las oposiciones de la Junta que “enmascaran un ERE”

La Asociación de Laborales Indefinidos de Castilla y León (Alicyl) denuncia que la propuesta de Oferta de Empleo Público para 2018 que la viceconsejera de Función Pública y Gobierno Abierto, Marta López de la Cuesta, ha presentado a las organizaciones sindicales pone en peligro casi 2.000 puestos de trabajo que vienen desempeñando empleados públicos desde hace más de 15 años con contrato de trabajo indefinido o de interinidad.

Los portavoces de la Asociación de Laborales Indefinidos de Castilla y León, integrada actualmente por más de 300 empleados públicos, quieren denunciar el despropósito del Partido Popular con esta Oferta de Empleo Público en la que, de aplicarse, podría suponer el despido de más de 300 trabajadores laborales indefinidos y estables que se ofertarían en esta Oferta de Empleo Público “engañosa y ficticia”.

De ejecutarse esta Oferta de Empleo Público, estiman que habría que despedir a más de 300 trabajadores indefinidos para contratar a otros y este “cambalache” les costaría a los ciudadanos cerca de 8 millones de euros en pagar indemnizaciones por despido. Sólo en la provincia leonesa los afectados rondarían el centenar.

Según los cálculos realizados por Alicyl, a partir de la información facilitada por Función Pública a los sindicatos, las 1.313 plazas propuestas de personal funcionario de carrera para incluir en la oferta de empleo de 2018, 1.077 corresponderían a puestos de trabajo que ya están siendo desempeñados desde hace más de 10, 15 o incluso 20 años por personal interino o laboral indefinido, por lo que sólo 236 plazas serían una ampliación real de personal al servicio de la Administración.

Asimismo, de las 1.223 plazas de personal laboral solamente 316 plazas corresponderían a una ampliación de personal efectivo, mientras que las 907 restantes, corresponden a puestos de trabajo que ya están siendo desempeñados desde hace más de 10, 15 ó 20 años por personal laboral temporal o indefinido.

Es decir, de una oferta de 2.536 plazas de personal funcionario y laboral, casi 2.000 son puestos de trabajo ya desempeñados por trabajadores con dilatada experiencia y antigüedad de 10, 15 o incluso 20 años desempeñando adecuadamente sus funciones.

Lo realmente denunciable es que casi del 80% de las plazas que se incluyen en la Oferta Pública de Empleo están realmente “enmascarando un ERE de la Junta de Castilla y León en toda regla” para esta organización. El coste total para la Junta de Castilla y León sería de 28 millones de euros en el despido de esos trabajadores interinos y laborales indefinidos.

Lo grave, por tanto, es que casi el 80% de las plazas que se incluyen en la Oferta Pública de Empleo están realmente “enmascarando un ERE” con un alto coste económico para las arcas públicas en un momento en que se tienen que aplicar políticas de contención del gasto público.

“Maquillaje” electoral del PP

Los trabajadores Indefinidos de la Junta de Castilla y León tildan esta maniobra de “campaña de maquillaje del Partido Popular” ante las próximas elecciones autonómicas y municipales. Se trata una oferta de empleo público que esconde, por un lado, la posible pérdida del puesto de trabajo de un gran número de trabajadores indefinidos e interinos y, por otro, el enorme coste económico para las arcas de la Junta de Castilla y León y, por tanto, para todos los castellanos y leoneses en despedir a esos casi 2.000 trabajadores.

A juicio de la Asociación de Laborales Indefinidos, la Junta de Castilla y León ante la situación económica actual, contradiría el principio de austeridad y de contención de gasto público marcado por la Ley de Estabilidad Presupuestaria.

La Asociación de Indefinidos de Castilla y León hace un llamamiento a la Junta de Castilla y León y a los sindicatos presentes en esa Mesa General de Negociación para que no se lleve a cabo algo que a todas luces no va a generar más que conflictos y movilizaciones y, lo más importante, un ahorro de millones de euros que se pueden invertir, por ejemplo, en aumentar plazas de nueva creación “reales”. No debe consentirse que se gaste dinero en despedir trabajadores cualificados y que se invierta en una mejora real de empleo público.