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Comunicación

El PSOE quiere que Ulibarri salga de la tele 'autonómica' y se garantice el empleo

Una iniciativa parlamentaria socialista recuerda que este medio de comunicación, del que es dueño el imputado en tramas corrupas como Gürtel o Enredadera, recibe 18 millones de euros al año de los presupuestos autonómicos.

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El líder socialista Luis Tudanca y el empresario leonés imputado doblemente por corrupción y dueño de medios de comunicación, José Luis Ulibarri.
ileon.com  | 19/09/2018 - 15:01h.

El Grupo Parlamentario Socialista ha registrado hoy una Proposición no de Ley con el objetivo de alcanzar el consenso de todos los grupos políticos para que el empresario José Luis Ulibarri, el leonés implicado en la trama Gürtel y también en la trama Enredadera como presunto cabecilla, salga de la propiedad de la televisión de Castilla y León (RTVCyL), que recibe 18 millones de euros por parte de la Junta cada año.

Esta implicación en ambas causas y la "presunta utilización de sus medios para otros fines", reza literalmente la nota de prensa, pone "en riesgo la televisión y a sus 350 trabajadores dado que puede sembrar la duda sobre su funcionamiento y el trabajo de sus profesionales de forma injusta".

Además, esto ha de ser "un motivo suficiente" para que la Junta tome una decisión inmediata sobre la subvención directa a un medio que "no puede estar en manos de alguien implicado en tan graves casos de corrupción".

Por ello, el GPS buscará el consenso con los grupos para instar a la Junta de Castilla y León a que impulse las medidas necesarias para garantizar que RTVCyL esté "al servicio de los intereses públicos, del interés general y de la objetividad de sus contenidos".

Deberá hacerlo, según la propuesta, a través de un nuevo modelo, a partir de 2019, en el que prime el mantenimiento y la calidad del empleo y con una financiación adecuada y estable, que en ningún momento cifra.

El Grupo Socialista aboga por un modelo que cuente con "mecanismos suficientes de control para garantizar que los titulares de la misma cumplen con las exigencias éticas de conducta empresarial que salvaguarde cualquier sombra de duda referente a corrupción política o empresarial", así como que refuerce el control parlamentario y la transparencia.

Para ello, tendría que constituirse un grupo de trabajo con la participación de los partidos en las Cortes, que culminará con una comunicación que, en el plazo máximo de dos meses, será remitida por la Junta a las Cortes para su debate, con el fin de garantizar el consenso político y social que dé estabilidad a esta cadena de televisión.

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