El Ingreso Mínimo Vital se atasca en León con una de cada cinco reclamaciones en la Comunidad

La sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social en León.

Elisabet Alba

La cuesta de enero es más empinada este año para cientos de familias en la provincia de León por el atasco del Ingreso Mínimo Vital (IMV), la ayuda estatal que nació con el objetivo de paliar la pobreza extrema pero que en la práctica genera pilas de expedientes denegados, recurridos y enjuiciados sobre las mesas de los funcionarios de la Seguridad Social.

La provincia leonesa es la que más reclama en Castilla y León, bien sea porque los solicitantes no están conformes con el cálculo de la prestación, porque no recibieron respuesta a su solicitud o porque se les ha denegado. Uno de cada cinco recursos que se registran en la Comunidad se hace en León, 1.340 de 5.113 a fecha del pasado 30 de septiembre de 2021, según datos del Instituto Nacional de la Seguridad Social recogidos por la Fundación Civio. De ellos, dos de cada tres recursos se desestiman por la administración, lo que lleva a la provincia leonesa a ser el segundo territorio que más litiga, después de Valladolid, como último paso después de agotar la vía administrativa.

En los nueve primeros meses del pasado año, los juzgados de León iniciaron 14 procesos judiciales por IMV, de los cuales dos dieron la razón a la Seguridad Social pero tres a los demandantes, si bien uno desistió en el proceso. Las estadísticas seguirán creciendo puesto que, al término del tercer trimestre de 2021, el 63,81% de las reclamaciones estaban aún pendientes de contestación, también el segundo peor dato de Castilla y León.

A fecha del 1 de octubre, en León se habían presentado 12.806 expedientes de IMV, de los que eran válidos 11.533. Se resolvieron 10.787: 7.118 se denegaron, 3.669 se aprobaron y 93 estaban en “subsanación”. Los beneficiaros que sí lo recibieron eran 4.920 adultos y 2.877 menores.

Lo mínimo para vivir

El Ingreso Mínimo Vital está regulado por el Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, que establece un importe mínimo para vivir que varía en función del número de personas que conforman la unidad de convivencia y los ingresos de éstos, si los hay. Debe ser la primera ayuda que se solicite, por delante de la prestación autonómica de la Renta Garantizada, y su estimación es complicada porque a ella se le van sumando y restando otras subvenciones. Esto hace que la cuantía varíe casi mes a mes, generando incertidumbre e inseguridad en los beneficiarios al no saber con cuánto dinero van a contar. Este medio ha hablado con dos de las familias leonesas que siguen a la espera de que la Seguridad Social resuelva su situación. Para preservar su identidad, a partir de ahora nos referiremos a los testimonios con los nombres ficticios de Laura y Marcos.

Laura pidió la ayuda del Estado hace un año y medio, que tardó en tramitarse tres meses, y cuando le llegó la carta de la Seguridad Social no daba crédito. “Me venía denegada y cuando pregunté el porqué me dijeron que mis ingresos superaban los 18.000 euros anuales”. Ahora se ríe, pero en ese momento se echó las manos a la cabeza. Es madre de familia, casada y con tres hijos, uno con una discapacidad reconocida, y cobra 347 euros mensuales desde agosto de 2020.

“Cada segunda semana llamo para ver si se ha dado algún paso para solucionarlo. Se ha convertido en mi rutina de los lunes”, cuenta a ILEÓN, mientras calcula que la deuda asciende ya por encima de los 15.000 euros si tiene en cuenta los atrasos. Por ahora, va tirando, porque vive en un piso con un alquiler “muy pequeño” que le proporciona la Junta y la Renta Garantizada, mientras suma meses de silencio administrativo. “Llevo ocho meses esperando contestación al último recurso y me dicen que me lo tome con tranquilidad, que están con los de enero del año pasado”, lamenta.

Marcos, en cambio, se encontró un día en el buzón una carta en la que le aprobaban la prestación sin haberla solicitado. Se la concedieron automáticamente por ser beneficiario de la Renta Garantizada. Empezó a cobrar una cantidad que consideró más baja de lo que debería, la recurrió, “y luego me venía bien”, pero hace unos meses le volvieron a meter un recorte que no entiende y sin previo aviso. “Es una ayuda que varía mucho y ni siquiera en la Seguridad Social nos saben dar una explicación”, se queja a este medio. La última vez que fue a reclamar “había una cola larguísima. Somos miles de personas los afectados”.

Ambos coinciden en que esperarán a recibir una resolución de la administración pero si la respuesta no les convence, después de la gincana burocrática, llegarán al Juzgado de lo Social. Sus escasos recursos les impulsan a hacerlo porque reconocen tener poco que perder y algo que ganar.

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