Municipios de Lugo rechazan que Candín se rebautice como Ancares y hablan de “identidad común”

Puerto de Ancares bajo a la nieve.

La iniciativa del Ayuntamiento de Candín para rebautizar el municipio con el nombre de Ancares ha sido recibida con inquietud al otro lado de la frontera. Los concellos lucenses de Cervantes y Navia de Suarna estudian la presentación de una alegación conjunta, según publica Diario de León. Y en el segundo se ha generado un movimiento de oposición que habla de “características socioculturales comunes”.

La oposición en Navia de Suarna pivota hasta la fecha en torno a un grupo de mujeres que han mostrado sus recelos a la iniciativa del Ayuntamiento de Candín. Y sus argumentos se sustancian en un texto redactado por la antropóloga Rita Blanco Prada y extractado por el portal lugoxornal.gal: “Sin entrar en las consecuencias que esto podría traer para el resto de municipios de los Ancares, lo importante es que no se trata de enfrentarse para ver quién tiene más derecho a identificarse como tal”.

Y es que defienden la existencia de unas “características socioculturales comunes” con independencia del curso del río Ancares (uno de los argumentos utilizados desde Candín para defender la exclusividad de la toponimia) o de que el Instituto Geográfico Nacional atribuya a Navia de Suarna la localización del puerto del mismo nombre.

“Ancares”, señala el texto, “son las aldeas que tienen algunas casas en el Bierzo y otras en Galicia; Ancares son los niños de aldeas de Candín que fueron a la escuela en Cervantes o en Navia de Suarna; Ancares es la juventud que está ahora luchando por una alternativa en esta zona, trabajando en ambas vertientes de la sierra”. Y concluyen que, pese a la división administrativa por las fronteras territoriales, Ancares “a nivel humano siempre fue uno solo”.

El caso es que el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de León publicó el acuerdo del Ayuntamiento de Candín para pasar a denominarse Ancares el pasado miércoles 30 de diciembre, fecha a partir de la cual se abre un plazo de un mes para presentar alegaciones.

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