El PP de Diputación acata pero discute la sentencia por desplazar a una funcionaria creando puestos a dedo
El Partido Popular (PP) de la Diputación provincial asegura en un comunicado que “acepta la última sentencia del TSJ”, publicada ayer por iLeon.com, en la que se condena la maniobra del anterior equipo de gobierno popular en la institución creando una plaza 'a dedo' y desplazando a una funcionaria, a la que los jueces dan la razón.
Sin embargo, defiende la limpieza del procedimiento llevado a cabo en su día, algo que considera “absolutamente limpio, transparente, justificado en la atención a las solicitudes de los Servicios y según el criterio de los informes técnicos”.
Según el actual portavoz popular, Francisco Castañón, “las nuevas necesidades de prestación de servicios impuestas tanto por la modificación de la Ley de Bases de Régimen Local, que atribuye a las diputaciones la colaboración con los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes para la prestación del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios, obligaron a la creación de un nuevo servicio en la Diputación para la puesta en marcha y gestión del SEPEIS”.
Recuerda Castañón que además la Diputación, entre otras, tenía la necesidad de efectuar una reestructuración del servicio de Recursos Humanos “para hacer frente a los cambios habidos en la administración y la necesidad de afrontar numerosas necesidades en materia de personal que no habían podido ser afrontadas debido a la carencia de personal técnico necesario para abordar los nuevos proyectos de necesaria ejecución cómo eran, y son, los procesos que den fin a la temporalidad e interinidad del personal o contar con un técnico informático para la puesta en marcha del Portal del Empleado así como la informatización de procesos relativos al personal”.
“Sin embargo la Ley de Presupuestos Generales del estado para el año 2017 imponía la obligación de no incrementar la plantilla de personal que, unido a razones de eficiencia y eficacia en la gestión de los recursos públicos, hizo necesario efectuar una reestructuración de los puestos de trabajo para reajustar personal y necesidades, y las modificaciones de la RPT para 2017 fueron múltiples y afectaron a casi todos los servicios de la Diputación para reajustar el personal a las necesidades existentes”, se justifican ahora.
Por eso, “en ese momento se consideró que dos puestos de trabajo de personal administrativo del Servicio no contaban con unas funciones o carga de trabajo para tales puestos, y que eran sin embargo más necesarios otros dos puestos, uno de programador y otro de técnico de administración Jefe de sección de Asuntos Generales, pues son muy numerosos los informes jurídicos que se precisan en este servicio y no se cuenta con personal especializado para ello”.
Ante la imposibilidad legal de crear nuevas plazas, “se procedió a amortizar aquellos puestos que contaban con menos contenido y funciones, entre ellos los dos puestos de administrativo del servicio de Recursos Humanos, ambos con categoría de Jefe de Negociado, y un puesto de Técnico-Jefe de sección de Educación, pues está sección se iba quedando sin contenido”, continúa.
“Con cargo a la supresión de dichos puestos de Administrativo Jefe de Negociado se creó un puesto de Administrativo Jefe de Negociado en el Servicio Sepeis de nueva creación y un puesto de Programador para el servicio de Recursos Humanos. Asimismo se suprimió la Sección de Educación por su escaso contenido y se creó una nueva Sección de Asesoramiento y Asuntos Generales en el servicio de Recursus Humanos, muy necesaria para afrontar todas las reclamaciones, recursos e informes jurídicos, entre otras funciones”. “Modificaciones de la RPT, entre otras muchas que se hicieron, se incluyeron en un Plan de Empleo para su ejecución que fue sometido a negociación y aprobado”, insiste el portavoz.
En cuanto a la funcionaria que recurrió su desplazamiento, los populares aseguran que que “ocupaba un puesto de Administrativo Jefe de Negociado en Recursos Humanos que fue amortizado. Se le ofreció elegir entre los dos puestos de la misma categoría que estaban sin ocupar por otros funcionarios por decisión técnica, no política”, insisten, “y el TSJ considera que se le debió ofrecer también alguno de los puestos vacantes ocupados en comisión de servicio por otros funcionarios”.
En cuanto a la plaza de Técnico de Administración General Jefe de Sección de Educación, “al ser amortizado el puesto, que no la plaza de TAG, se le asignó al puesto de Jefe de Sección de Asesoramiento y Asuntos Generales de RRHH de nueva creación. Se efectuó una reasignación del puesto a dicha plaza por cuánto se consideró técnicamente, desde el servicio de RRHH que se trataba de una reasignación de efectivos, máxime cuando a la persona que ocupaba el puesto le correspondía el llamamiento según el orden de llamada de la bolsa de empleo existente”.
Por todo ello, desde el PP de la Diputación insisten en que “las decisiones adoptadas se basaron siempre en informes jurídicos, emitidos desde el Servicio de RRHH”, a pesar de que ahora el Tribunal Superior de Justicia lo vea de otro modo al condenar a la Diputación por aquello.
Pero insisten que “sí fue válido anteriormente, como demuestra el hecho de que se ganó el recurso interpuesto por la recurrente en primera instancia, del mismo modo que se ganaron todos los demás recursos presentados contra las modificaciones de la RPT para 2017.
Finalmente, los populares aclaran que “la sentencia solo le es favorable en esta parte, pero no en su reclamación del salario por categoría A-2, siendo ella Jefe de Negociado (C-1)”.
