Denuncia judicial a la concursal de la Hullera en quiebra y críticas a la Junta por el 'chapapote negro' en La Robla
Hace una semana desde que saltara la noticia de que localidad leonesa de La Robla estaba sufriendo una inusual, peligrosa y contaminante 'riada negra', que incluso motivó la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME).
Coincidiendo con el primer pico del temporal de lluvia, del lado opuesto al río Bernesga comenzó a caer una inundación de carbón proveniente de una antigua mina de la empresa hoy en quiebra Hullera Vasco Leonesa (HVL) que activó todas las alarmas y provocó incluso la decisión de que la Junta de Castilla y León asumiera una serie de obras de urgencia, contratadas a la empresa pública Tragsa, para que un dique frenara el 'río de carbón'.
Pero lo que hasta ahora se había dado a conocer como fruto exclusivo del temporal esconde, según Ecologistas en Acción, un episodio impune de grave contaminación, un “chapapote” constante que contamina el río Bernesga, un “vertido que ha pasado desapercibido hasta que las fuertes lluvias de los últimos días lo han convertido en una riada negra”.
Por eso, la organización conservacionista ha anunciado en una nota de prensa que inicia la vía penal contra los responsables del vertido incontrolado, que creen que se permite por razones de mero ahorro económico de las empresas que gestionan el concurso de la Vasco. “Se ha solicitado que se investiguen los hechos por ser constitutivos de presuntos delitos contra la naturaleza y el medio ambiente, vulnerando los artículos 325 y siguientes del Código Penal”, resume Ecologistas.
Se trata, a su entender, “efectivamente de aguas residuales sin decantar, contaminadas con lodos, carbón y piedras que proceden de la explotación a cielo abierto Corta Pastora y minas de interior, antes propiedad de la extinta Hullera Vasco Leonesa y ahora en manos del administrador concursal”, que identifica como la unión temporal de empresas (UTE) formada por la leonesa ABC Concursal, Lener y la compañía Gesminle, a quien dirige sus amenazas judiciales.
Según el relato de 'Ecologistas', “hace unos meses” la empresa que gestiona la quiebra de la Vasco “construyó una zanja para evacuar las aguas residuales de las minas a través del túnel, de unos 6 kilómetros, que comunica la explotación en Santa Lucía con el lavadero de carbón de La Robla”.
“Al desbordarse el lavadero, las aguas han alcanzado el arroyo de Alcedo, el río Bernesga y el núcleo urbano de La Robla, anegando calles y locales particulares, con el consiguiente perjuicio para los vecinos de esta localidad”, además de la contaminación.
El ahorro del bombeo
A su juicio, “las inundaciones se están haciendo pasar por inevitables, presentándolas a la opinión pública como una catástrofe natural provocada por la climatología adversa”. Pero “lo cierto es que las aguas contaminadas procedentes del cielo abierto siempre se elevaron, bombeándolas a las balsas situadas en el Campo de Tiro de Santa Lucía (límite oeste de la explotación) para su decantación y posterior vertido al cauce del río Bernesga, minimizando las afecciones a las aguas subterráneas y superficiales”, concreta en su nota de prensa.
Ahora, y “por motivos exclusivamente económicos, el administrador concursal ha dejado de usar el sistema de balsas de decantación de la Hullera” y así “se ahorra el coste del bombeo”, que conllevaría gastos de personal, instalación y mantenimiento de generadores, gasoil, etc.. “Y todo ello con el consentimiento de las autoridades de la Junta de Castilla y León y el silencio de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD)”, añaden.
Es más, los conservacionistas recuerdan que al final lo que no paga la empresa lo pagarán todos los ciudadanos porque “ante la riada de chapapote sufrida por los vecinos de La Robla, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente” que dirige el leonés Juan Carlos Suárez-Quiñones “ha decidido resolver el problema definitivamente”, construyendo con dinero público “un dique para llevar las aguas contaminadas del cielo abierto desde el lavadero de carbón al río Bernesga”. El consejero visitó La Robla el viernes para interesarse por el avance de los trabajos.
Más beneficios “a costa de la degradación”
“La solución no puede ser más rentable para el administrador concursal, que verá incrementados sus beneficios a costa del erario público y la degradación del dominio público hidráulico”, concluyen.
Para Ecologistas en Acción, mientras no se realice la restauración ambiental del cielo abierto de acuerdo con las medidas que contempla su declaración de impacto ambiental aprobada y publicada en 2015, “la única solución ajustada a derecho pasa por exigir al administrador concursal que sigua bombeando el agua a las balsas construidas para tal fin, con el coste que sea necesario”.
