Un diputado provincial llevará al Tribunal de Cuentas al consorcio de basuras Gersul
El diputado provincial no adscrito Juan Carlos Fernández ha anunciado que instará a la Fiscalía del Tribunal de Cuentas a que investigue al consorcio provincial de residuos de la provincia leonesa, Gersul.
Desde su entrada en el Consejo de Gersul en octubre de 2015, Juan Carlos Fernández ya avisó del “nefasto estado” en el que se encontraba el Consorcio. “Traté de poner soluciones sobre la mesa e hice propuestas que nunca fueron atendidas. Ya entonces, hace más de tres años, detecté que había problemas con el censo y con la recaudación y propuse levantar las alfombras del Consorcio para hacerlo más permeable y transparente, pero no sólo hicieron caso omiso sino que la situación ha empeorado considerablemente desde entonces”, remarca en una nota de prensa.
El que fuera diputado de Ciudadanos y fuera expulsado de esta formación tras su imputación judicial en la trama Enredadera contra la corrupción que estalló este verano, recuerda que ya hacía un año que había presentado mi dimisión como consejero precisamente por la “falta de transparencia y discrepancias en la gestión”.
Pero a día de hoy, asegura que continúa la “grave dejación de funciones” en la gestión diaria del Consorcio, “hasta tal punto que a fecha de hoy, febrero de 2019, no se dispone de presupuesto, ya que ha sido prorrogado el del ejercicio 2016, desconociendo los decretos firmados por el presidente y todo lo relativo a cuestiones económicas”.
Entre ellas , la que considera más preocupante es la deuda de 23 millones de euros que mantiene el Consorcio con la UTE Legio VII que gestiona el centro de tratamiento de residuos (CTR), la planta provincial ubicada en San Román de la Vega, que desde el 1 de noviembre de 2018 sufre la expiración del plazo fijado por el Juez para que Gersul salde la deuda historica con la UTE. Y “desde esa fecha, la nefasta gestión está costando a los leoneses miles de euros en intereses”, remarca.
Ante la “opacidad y oscurantismo” al que achaca al presidente del consorcio, Ángel Calvo, considera necesario “depurar las responsabilidades de los millones de euros que han prescrito en recaudación ejecutiva, así como los intereses generaldos por el incumplimiento del acuerdo judicial”. Por ello, pide que intervenga la Fiscalia del Tribunal de Cuentas para fiscalizar las Cuentas del Consorcio y dar luz por fin a lo que sucede en el mismo.
“Ningún consorcio ni institución pública puede estar paralizada más de dos años porque el secretario está de baja. Es una grave dejación de funciones del actual presidente , que no hace más que ofrecer ”voluntad y buenas palabras“ pero ninguna solución, mientras el dinero del Consorcio se evapora y se generan intereses de demora, poniendo todo ello en peligro las nóminas de más de 170 trabajadores del CTR”, lamenta. Por último, insta al resto de grupos de la oposición, “especialmente al PSOE, cuyo silencio en este asunto es abrumador”, a que se unan a las reivindicaciones que desde el 2015 viene denunciando.
