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El PP ve como "una oportunidad" la norma del Gobierno que amenaza a 1.200 juntas vecinales de León

El presidente de la Diputación defiende que el SAM, con 32 personas, tiene suficientes recursos para atender a las pedanías ante las condiciones leoninas del Real Decreto del Gobierno, aunque compromete más si es necesario, y la Federación reclama financiación directa de la Junta.

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Celebración de un concejo en una junta vecinal de un pueblo de la provincia.
C.J. Domínguez | 25/04/2018 - 18:40h.

El presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, quiso ser ver el lado "positivo" el criticado Real Decreto 128/2018 con que el Gobierno de Rajoy impone cambios imposibles de asumir a las juntas vecinales de toda España, siendo León con más de 1.200 la que más tiene con diferencia, y abogó por quedarse con la idea de que esta novedad podría ser "una oportunidad" que les dará a las pedanías "más seguridad administrativa y jurídica".

Así lo expresó en el Pleno de la Diputación celebrado hoy, donde este espinoso asunto que pone en jaque a las entidades locales menores, se debatió en varios momentos de la sesión. El mismo día en que el PP provincial, con Majo a la cabeza, se reunía con representantes de la Federación Leonesa de Entidades Locales Menores, para buscar en común soluciones "inmediatas" al problema de que el Real Decreto exija desde ya mismo que sean secretarios de habilitación nacional los que gestionen y den fe en cada asunto que apruebe o desarrollo un pueblo leonés.

Majo insistió en la sesión en que "la Diputación va a estar con las juntas vecinales, al lado y más allá de lo que la norma dice ahora", y defendió que la institución, a través del Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) ya cuenta con medios humanos que consideró suficientes, en total 32 funcionarios, 25 de ellos de la propia Diputación y siete más en el Consejo Comarcal del Bierzo.

Respondía así a la "necesidad urgente" que la Federación observa de que el SAM contrate a la mayor brevedad muchos más habilitados nacionales para que presten ese servicio a las juntas vecinales, y que no tengan que hacerlo los secretarios de sus respectivos ayuntamientos, como obliga el Gobierno, entre otras cosas porque muchos asuntos de los que deben pronunciarse contemplan un "conflicto de intereses" entre el pueblo y el ayuntamiento.

Recuerda el portavoz de la Federación, el abogado Carlos González-Antón, que el SAM sólo dispone de dos personas que pueden prestar esa labor, frente a nueve en la Diputación de Valladolid, por ejemplo, con un número muy inferior de pedanías. Eso mientras, de la mano de la institución provincial, intentan que el ministro Cristóbal Montoro permita un plazo amplio de adecuación en vez de poner esta medida en marcha desde ahora mismo porque, razonó, la decisión ya paraliza de facto a las juntas vecinales. Y aún peor, tendrá a su juicio un impacto demoledor a la hora de buscar candidatos en muchos pueblos de cara a las elecciones del año próximo.

Una ordenación del territorio "de abajo a arriba"

Además, la Federación remarcó que "no se puede hablar de políticas de despoblación cuando se ponen trabas gravísimas a la administración encargada de gestionar el territorio rural, provocando que esté colapsada" y en este sentido, mas allá de declaraciones públicas, exigió a la Junta de Castilla y León más implicación. Incluso ecnómica y directa para el funcionamiento de los concejos porque "la ordenación del territorio se debe hacer de abajo a arriba" y no al revés.

"En la Comunidad de Castilla y León hay una asimetría enorme, con provincias en las que existen 1.200 juntas vecinales que tienen y merecen una financiación autonómica como pasa en el resto de los territorios del Estado. Es eso, precisamente, lo que deben demandar los políticos de León para que esa asimetría que se da en Palencia, Burgos y León tenga clara acogida en los presupuestos" autonómicos.

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