La plantilla en huelga del centro gestor de multas de León redoblará la presión con una manifestación hasta la Fele
Los trabajadores del Centro Estrada (acrónimo de Estatal de Tratamiento de Denuncias Automatizadas), en huelga desde este lunes con un seguimiento aproximado del 75%, redoblarán la presión la próxima semana con una movilización el miércoles 3 de abril que comenzará a las 11.00 horas ante las instalaciones de Indra (una de las tres multinacionales que gestiona el servicio), seguida de una manifestación que concluirá ante la sede de la patronal Fele (Federación Leonesa de Empresarios). Así lo anunció este miércoles el presidente del Comité de Empresa, el ugetista Carlos Vallaure, en la concentración llevada a cabo a las puertas de la Jefatura Provincial de Tráfico, en la Avenida de Ordoño II.
La movilización laboral, que se extenderá hasta el domingo 7 de abril, tiene otro frente de batalla ante la Delegación del Gobierno, que hasta la fecha se ha declarado incompetente para mediar en este conflicto. Ahora, ante la repercusión mediática de los paros y el apoyo recibido por parte de varios partidos políticos, los trabajadores han remitido una segunda carta a la representación del Ejecutivo central en la Comunidad con el argumento de que “el perjudicado (por la huelga) es el ciudadano” ante el parón de servicios públicos que desde el centro se presta a la administración.
Precisamente ante la demora en la prestación del servicio, el presidente del Comité asegura que la empresa ha transmitido a los trabajadores indicaciones de la DGT (Dirección General de Tráfico) para no realizar ciertos trámites. “DGT, cómplice”, gritaban este miércoles a modo de pareado los empleados movilizados, mientras Vallaure acusaba al Gobierno de posicionarse “en favor de la empresa”.
Y es que la huelga llega después de que la DGT sacase “una licitación con un incremento del contrato sustancial” que no está repercutiendo en la plantilla. Y eso sucede, según asegura su órgano de representación laboral, tanto por la falta de voluntad de las empresas (las gestoras siguen siendo las tres multinacionales Indra, Kpasch y Wordline) como “porque no se incluyeron cláusulas de garantía salarial”.
La traducción es que en torno al 80% de una plantilla que se acerca a los 300 trabajadores cuenta con un sueldo base correspondiente al del Salario Mínimo Interprofesional. El incremento salarial para compensar al menos la pérdida de poder adquisitivo está entre las reivindicaciones de la parte social, que también llama la atención sobre la progresiva asunción de funciones de un complejo nacido durante el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero como centro gestor de multas de tráfico en toda España y que ahora realiza otros trámites como duplicados de carnés de conducir o revisiones en remoto de radares.
