Stop Desahucios denuncia que un fondo buitre 'expulsa' a vecinos de dos bloques de Eras de Renueva

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La organización Stop Desahucios León denuncia que, en medio de una campaña mediática y política dedicada a “inflar los exiguos datos de okupaciones en nuestro país”, se esconde el drama de decenas de familias de León que están siendo presionadas, cuando no obligadas, a abandonar sus viviendas tras la venta de las mismas a un llamado 'fondo buitre'.

Esto denuncian que en concreto ocurre en las últimas semanas con buena parte de los inquilinos de los bloques 17 y 19 de la calle Padre Gregorio, en el barrio de Eras de Renueva. El caso de “desokupación”, como lo denominan con fuerte carga crítica en una nota de prensa, afecta en concreto a un total de 36 viviendas que pertenecían al Banco Santander.

“A través de su inmobiliaria Altamira (los pisos) fueron vendidos este pasado mes de Julio a Pantelaria, un fondo buitre, que gestiona las viviendas a través de Haya Real Estate (intermediarios)”, informa la organización. A partir de entonces, continúan, “han comunicado a los vecinos la fecha en la que finaliza su contrato y su intención de no renovar el alquiler”, cuando “se trata de viviendas que estaban protegidas hasta el año 2027, por lo que hay mucha gente que llevaba muchos años viviendo en ellas”.

Stop Desahucios León admite que algunas familias ya se fueron hace aproximadamente dos años porque entonces ya se rumoreaba que la entidad bancaria iba a vender los bloques, mientras “otras personas decían que no habían logrado renovar el alquiler”. De este modo, poco a poco los pisos se han ido vaciando.

Sin embargo, desde la venta al fondo buitre “son aún más vecinos los que están dejando sus casas” ahora a pesar de que estaban protegidas al menos durante siete años más.

El colectivo enmarca este problema, del que tan poco se habla, ante el “inflado” caso de las okupaciones de viviendas en España, a pesar de que “apenas conciernen a viviendas particulares sino a las viviendas en propiedad de bancos y grandes tenedores”. De hecho, en 2019 fueron 27 en toda la provincia leonesa, con un parque de unas 60.000 viviendas vacias, a pesar de lo cual algunos partidos como UPL han impulsado iniciativas como una moción en el Ayuntamiento de León.

El interés de esta campaña viene, a su juicio, “promovido por las empresas de alarmas y por estos mismos bancos, fondos buitre y grandes tenedores que lo que pretenden es generar una alarma social que les permita desahuciar más y más rápidamente”.

“En León ya tenemos una consecuencia muy clara: muchos vecinos pierden el derecho de habitar unos hogares que estaban protegidos hasta 2027, mientras la sociedad sigue afrontando la situación económica tan delicada que deriva del coronavirus y cuyas consecuencias todavía son difíciles de prever a largo plazo”, denuncian.

Por eso, Desahucios León exigen “a Pantelaria que renueve los contratos a los vecinos hasta la fecha convenida”. “Esperamos que, al exponer este caso en los medios, la ciudadanía sea más consciente de la necesidad de una vivienda social protegida, que no esté a merced de la especulación y a la que se pueda recurrir en circunstancias de emergencia social como la que vivimos actualmente”, concluyen.

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