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La Justicia aboca a sentencia la nueva Plaza del Grano e insta a Ayuntamiento y Junta a que expliquen su legalidad

El TSJ de Madrid impulsa la demanda contra el Estado interpuesta en 2017 por no proteger este patrimonio cultural, como pasó en su día con el barrio de El Cabanyal en Valencia, y da un plazo de cinco días al Consistorio y la Comunidad autónoma por si quieren personarse.

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Vista de la típica estampa de la Plaza del Grano vista desde las nuevas aceras de La Piconera, que superan los tres metros de anchura.
C.J. Domínguez / A. Vega | 20/05/2019 - 20:20h.

En el último suspiro del mandato, y en plena campaña electoral, un asunto que todo el mundo creía enterrado bajo los cantos rodados, el polémico proyecto de reforma total de la Plaza del Grano que acabó costando 600.000 euros de los 60.000 previstos inicialmente, sigue su curso judicial con una decisión de mucha trascendencia. Y no a cualquier juzgado.

El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid ha decidido este lunes 20 de mayo que siga adelante el 'caso Plaza del Grano' que nació la demanda presentada en su día, en 2017, de hecho cuando aún se ejecutaban las obras que provocaron una intensa protesta ciudadana y mucha contestación social.

La demanda inicial fue interpuesta entonces por iniciativa de las asociaciones leonesas 'Mocedá en Pie', 'Red Vecinal' y los 'Guardianes de la Plaza del Grano', para que el Alto Tribunal decidiera si el Ministerio miró para otro lado ante la remodelación completa de este entrañable y valioso espacio público del Casco Histórico de León, que entre otras cosas acabó de manera definitiva con unos 300 metros cuadrados de empedrado tradicional al ejecutar aceras perimetrales o alcantarillas en su interior, y calculándose la pérdida de un 20% de la piedra de canto que le daba un aspecto casi único en Europa.

La Sección Sexta de la Sala de lo Contenioso del alto Tribunal que lleva el procedimiento 1224/2017 comienza a dar pasos firmes: en primer lugar, dar por "formalizada la demanda" de manera definitiva. Lo que significa que sí o sí acabará habiendo sentencia sobre este asunto.

Abarrotada Plaza del Grano, como jamás se había visto antes en una protesta.
Abarrotada Plaza del Grano, como jamás se había visto antes en una protesta, en 2017.

Demanda al Ministerio por no vigilar si hubo daños irreparables

Finalmente da traslado de esta importante decisión al abogado del Estado, ya que la administración demandada es el Ministerio de Cultura, Educación y Deporte, según los demandantes por no vigilar que las obras de la Plaza del Grano no hayan causado daños irreparables en espacio publico de origen medieval en el Casco Histórico de León.

El nuevo auto, al que ha tenido acceso iLeon.com, no se queda ahí. La jueza que instruye este caso, admitiendo la petición de los demandantes, requiere al Estado para que "en un plazo de cinco días proceda a dar emplazamiento al Ayuntamiento de León y a la Comunidad Autónoma de Castilla y León" con el fin de que decidan, o no, "personarse en el presente recurso como codemandados". Ayuntamiento y Junta tendrán entonces nueve días para poder hacerlo.

Informes periciales que atestiguan el impacto

En la demanda, las asociaciones leonesas que jamás se han resignado contra el empecinamiento del PP en el Ayuntamiento del que es alcalde Antonio Silván se han presentado ante la jueza nuevos informes periciales, firmados por técnicos independientes, que acreditarían los daños reales e irreparables causados en un proyecto que fue ejecutado por el Ayuntamiento de León y aprobado por Patrimonio de la Junta de Castilla y León.

Estos informes concluyen que pudo haber tal daño irreparable, algo que sin duda ha tenido en cuenta el TSJ para, lejos de paralizar esta vía, darle trámite definitivamente. Tanto los informes como todos los costes judiciales han sido financiados gracias a decenas de donaciones que recibieron estas entidades.

El precedente de la 'vía Cabanyal' contra Rita Barberá

Esta batalla judicial, que iLeon.com ha ido explicando desde hace meses, sigue la llamada 'vía Cabanyal', es decir, la misma que consiguió paralizar la destrucción del barrio de Valencia de alto valor histórico, un Bien de Interés Cultural que la entonces alcaldesa del PP, Rita Barberá, sometió a un plan urbanístico que lo derribaba parcialmenta para realizar una nueva vía de acceso al mar desde el centro de la capital valenciana.

Esa vía buscó, y consiguió, dirigirse contra el Ministerio de Cultura por su inacción, ya que según la legislación es quien en último término tiene la obligación de vigilar el cumplimiento de la normativa por parte de otras administraciones, idéntico caso que en la Plaza del Grano de León. El Cabanyal se salvó, primero con una sentencia favorable del TSJ, ratificada después por el Supremo y el Constitucional, quienes sentenciaron que "los casos de expoliación del patrimonio cultural son competencia del Estado".

En el caso leonés de la Plaza del Grano, los defensores de una identidad que consideran hoy destruída recuerdan que este lugar público, que concitó a miles de leoneses en su defensa contra los planes municipales, "resulta amparado por el BIC del Camino de Santiago desde el año 1993, en que se amplió el perímetro de protección del mismo, y forma parte del entorno de otros dos Bienes de Interés Cultural, el de la propia iglesia de Santa María del Mercado declarado el año 1973 y el del conjunto histórico artístico del interior del recinto amurallado de la ciudad de León, que data de 1962".

Los (infructuosos) intentos del senador Mulet

En varias ocasiones, a iniciativas del senador valenciano de Compromís, Carles Mulet, y a instancias de organizaciones leonesistas, el Ministerio declinó toda responsabilidad sobre la presunta destrucción de la idiosincrasia de la Plaza del Grano, amparándose básicamente en que la competencia en materia de Patrimonio le corresponde exclusivamente a la Junta de Castilla y León.

Responsables del Gobierno municipal del PP en la visita con representantes de los demás partidos que apoyaron la reforma de la Plaza del Grano, PSOE, Ciudadanos y UPL.

Los apoyos políticos de Silván en el Grano

El Ministerio insistía siempre en que era la Junta la que había aprobado todo lo que el PP en el Ayuntamiento de León ejecutó, cabe recordar que con apoyo de una inmensa mayoría de grupos políticos municipales (PSOE, Ciudadanos y UPL), a exepción de la oposición siempre mantenida por León en Común (Izquierda Unida) y León Despierta (Podemos).

Es el broche inesperado de un mandato en el que la gestión del patrimonio de la capital ha sido una de las áreas que más quebraderos de cabeza ha supuesto a la acción de Gobierno del alcalde Silván, la concejala de Urbanismo, Ana Franco, de cuyo departamento dependía esta obra o el derribo de la considerada como casa más antigua de la ciudad, entre otras, así como de la concejala de Cultura y Patrimonio, Margarita Torres.

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