La Junta autoriza el cierre de la planta de biodiésel de Toreno

Planta de biodiésel de Toreno. Foto: Infobierzo.com

La Junta de Castilla y León ha autorizado este martes el cierre de las instalaciones de producción de biodiésel de Toreno, titularidad de VB Toreno S.L., según recoge el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl). La misma publicación declara la extinción de la autorización ambiental concedida en 2009 a esta planta, proyectada en su día como una de las alternativas al monocultivo del carbón en este municipio minero.

La multinacional estadounidense Vicenergy había llegado a invertir seis millones y crear 17 empleos para su puesta en marcha, detenida abruptamente en 2013 al quedarse fuera de la asignación de producciones para fabricar los biocarburantes que se debían consumir en España, otro revés del Ministerio de Industria apenas un año después del recorte de fondos a la minería del carbón que provocó la última gran movilización del sector. Además de denunciar “un nuevo agravio” del ministro de la época, José Manuel Soria, el entonces alcalde de Toreno, Pedro Muñoz, llegó a mandar una carta al presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para exponer su “profunda preocupación” al respecto.

La empresa ya comunicó a finales de 2016 el cese de actividad y solicitó que se revocara la autorización ambiental. La puesta en marcha de esta planta de biodiesel formaba parte de un paquete de subvenciones aprobado por la Junta en 2009 y dotado con 15,81 millones de euros para favorecer la creación de ocho proyectos declarados de interés especial en la zona del Bierzo.

Cuando se presentó el proyecto, la inversión prevista se elevaba hasta los 23,5 millones de euros, con una capacidad de producción de 120.000 toneladas anuales. En cuanto a la creación de puestos de trabajo, se preveía que el proyecto, promovido por la empresa VB Toreno, iba a dar empleo inicialmente a 22 personas, con vistas a ampliar la plantilla a 50 operarios, informa la Agencia ICAL.

Ahora, con fecha de 1 de octubre de 2019, la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental formuló la propuesta para que se autorice el cierre y la extinción de la autorización ambiental concedida por orden de 24 de noviembre de 2009 de la Consejería de Medio Ambiente, que este martes ha ratificado el cierre de las instalaciones, otra bofetada a la política de reindustrialización de las comarcas mineras.

Contra esta orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición en el plazo de un mes o un contencioso administrativo ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en el plazo de dos meses, según plasma la publicación del Bocyl.

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