Aprobado el ingreso mínimo vital: al menos 461 euros para 850.000 familias en riesgo de pobreza

Consejo de Ministros. Pool Moncloa / J.M. Cuadrado

Laura Olías / Marina Estévez Torreblanca / Daniel Sánchez Caballero / eldiario.es

El Gobierno de coalición ha cumplido este viernes con uno de sus compromisos de legislatura: la creación de un ingreso mínimo vital contra la pobreza en todo el Estado. El Consejo de Ministros ha aprobado esta renta mínima a nivel estatal, que pretende alcanzar los 850.000 hogares. La ayuda se podrá solicitar a partir de junio y creará un suelo de ingresos garantizados en todo el territorio nacional, que al menos será de 461 euros mensuales para los hogares compuestos por una sola persona. El máximo alcanzará unos mil euros, que recibirán familias más numerosas y con niños a cargo, según informa eldiario.es.

La ayuda ha sido anunciada en una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros por el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y la ministra portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero.

Se trata de una medida histórica en las políticas públicas de lucha contra la pobreza en España. Aunque existían rentas mínimas en las Comunidades Autónomas, muy diferentes entre sí y muy escasas en la gran mayoría de territorios, no había un suelo mínimo de ingresos garantizado en todo el Estado, una anomalía de España frente a sus socios europeos. “Todos los países de la eurozona tienen sistemas de rentas mínimas estatales, muchos de ellos compatibles con el empleo”, recuerda Olga Cantó, economista y una de las mayores expertas en España sobre pobreza y desigualdad.

Las estimaciones del Ejecutivo es que la renta mínima estatal alcance los 850.000 hogares, compuestos por 2,3 millones de personas aproximadamente. El nivel de protección del ingreso mínimo vital elevará mucho la cobertura que existía hasta el momento de las rentas mínimas autonómicas. Hasta ahora alcanzaban a unos 300.000 hogares, según los datos del Gobierno, por lo que prácticamente se triplicarán las familias protegidas si se cumplen las previsiones del Ejecutivo.

El diseño de la ayuda ha sido liderado por el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, pero también ha colaborado con un papel muy activo y mediante negociaciones continuas el equipo de la vicepresidencia social de Pablo Iglesias, que ha encabezado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez. Aunque ha habido algunas tensiones entre ambos equipos, de la cuota del Gobierno socialista y de Unidas Podemos, como cuando Iglesias defendió la implantación de una renta 'puente', en general las dos formaciones del Gobierno han colaborado para sacar adelante cuanto antes esta medida.

Unas 100.000 familias lo recibirán en junio

El ingreso mínimo vital podrá solicitarse a partir del mes de junio y el Gobierno pretende que llegue ya a finales de mes a unas 100.000 familias, según ha explicado el ministro Escrivá, para las que la Seguridad Social tramitará la ayuda de oficio. La intención del Ejecutivo es acelerar lo máximo posible la gestión de la ayuda en estos momentos de crisis por la pandemia, en los que muchas personas han tenido que pedir ayuda para comer.

“Estamos trabajando con las bases de datos de la Seguridad Social, intentando identificar bien los hogares claramente beneficiarios, para poder desde los primeros días de junio reconocer de oficio la prestación a un porcentaje muy significativo de hogares. No sé exactamente el número, probablemente estemos hablando de unos 100.000 hogares que la recibirán sin pedírnosla”, explicó ya el ministro en una entrevista en Onda Cero esta semana.

El diseño de la medida protege en especial a las familias con niños y a los hogares monoparentales, es decir formados por un solo adulto progenitor con menores a cargo. España tiene en ambos casos (entre los niños y familias monoparentales) la segunda mayor tasa de pobreza entre los 28 países de la UE. El 43% de los hogares con niños encabezados solo por un adulto viven con ingresos por debajo del umbral de la pobreza en España. Entre los niños, esta vulnerabilidad económica afecta casi a uno de cada tres menores de 18 años.

De los 2,3 millones de personas que el Gobierno estima que se podrán beneficiar del ingreso mínimo vital, un 30% son menores y el 16% de los 850.000 hogares potenciales beneficiarios son monoparentales. “En ellos, casi el 90% están encabezados por una mujer”, explican fuentes del Gobierno.

El Gobierno eximirá de pagar la universidad a las familias beneficiarias del ingreso mínimo y sin derecho a beca

El Gobierno va a aprobar una disposición por la que eximirá del pago de las tasas universitarias a las familias que por renta queden excluidas de las becas, pero que “se han visto gravemente afectadas por la pandemia”, según explica el Ministerio de Universidades, de manera que su nivel de renta en 2020 “haya sufrido un cambio tan dramático que resulten beneficiarias del ingreso mínimo vital”.

Universidades calcula que, según se desprende de los datos de la última convocatoria de becas, unas 700 familias se beneficiarán de esta medida, que tendría un coste para las arcas públicas de 645.426 euros. El Ministerio sostiene que “la disposición pretende servir como último recurso para estos supuestos” de pobreza sobrevenida por la pandemia y que “se evita así el abandono escolar y se garantiza el acceso a la educación superior”.

La disposición tiene únicamente tres puntos. El primero establece que los beneficiarios estarán exentos del pago y el tercero explica que se compensará a las universidades. Es el segundo el que explica la medida: “La exención prevista en esta disposición se aplicará a los beneficiarios de la prestación del ingreso mínimo vital que hayan visto denegada su solicitud de concesión de una beca del sistema estatal para cursar estudios postobligatorios en dicho curso por superar los umbrales de renta y patrimonio establecidos en la normativa correspondiente”.

Esta disparidad –demasiada renta para tener derecho a beca, pero una caída fuerte de los ingresos por motivo de la pandemia que dé derecho al ingreso mínimo vital– se explica porque para solicitar una ayuda para los estudios se tiene en cuenta el nivel de renta del año fiscal anterior al curso para el que se pide esa beca (o sea, para el año universitario 2020-2021 se calcula la renta del año 2019), mientras que el derecho a recibir el ingreso mínimo vital se basa en la renta actual que ingresa el hogar.

Dado que los tres tipos de becas que ofrece el Gobierno incluyen el pago de la matrícula (la diferencia entre unas y otras está en la ayuda económica directa, en mano), para ser beneficiaria de esta medida una familia debió superar en 2019 el umbral máximo de renta contemplado, que son 38.831 euros anuales para una familia de cuatro miembros (32.697 euros para una de tres miembros, el cuadro completo está aquí). Pero a la vez debe haber sufrido una gran caída en sus ingresos en 2020, de manera que tenga derecho al ingreso mínimo vital.

Esta medida complementa, solo durante este año de momento, la reforma del sistema del becas que presentaron la semana pasada los Ministerios de Educación y de Universidades. El nuevo modelo, que incluye 179 millones de euros extras para las ayudas a los estudios universitarios, eleva los umbrales de renta máximos que dan derecho a las becas y elimina los requisitos académicos que imponía el anterior para conseguir y mantener las ayudas, un movimiento que el Gobierno calcula duplicará el número de beneficiarios.

Cuando José Ignacio Wert cambió el sistema de becas nada más acceder el PP al poder, se fijaron unos umbrales de renta con mucha variación entre sí (el segundo triplica al primero) que dejaban fuera a muchas familias de pocos ingresos. El umbral 1, el único que da acceso a una beca completa que incluye el pago de la matrícula y una ayuda económica de unos 1.700 euros anuales, se estableció en 13.909 euros anuales para una familia de cuatro miembros. Los hogares que ingresaran más de eso en un año quedaban fuera y pasaban al 2, que sube hasta los 36.421 euros pero que ya no incluye la ayuda económica directa, solo el pago de la matrícula, la residencia para quien estudie fuera de su lugar de origen y una ayuda variable.

La Junta confía en que el ingreso mínimo vital del Gobierno sea compatible con la renta de ciudadanía de Castilla y León

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, confía en que el ingreso mínimo vital aprobado hoy por el Consejo de Ministros sea compatible con la renta de ciudadanía e Castilla y León, aunque aclaró que eso no se podrá determinar hasta que no se conozca el documento completo.

Blanco explicó a los medios de comunicación que hasta ahora se han mantenido dos reuniones con el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, a quien se ha solicitado el borrador y que el ingreso sea “igual para todo el Estado”. Además, aclaró que la renta de ciudadanía de Castilla y León es una ley subsidiaria, con lo que se aplicaría “donde no entrara” ese ingreso del Gobierno.

Ambos contemplan “cantidades muy similares” y Blanco insistió en que la renta garantizada de Castilla y León “es compatible” con otras prestaciones, pero incidió a la hora de esperar a conocer el texto definitivo para valorar su entrada en vigor.

De la misma forma respondió a la posibilidad de que Castilla y León solicite al Gobierno gestionar ese ingreso mínimo vital, como ya han pedido otras comunidades después de que así se vaya a hacer en País Vasco y Navarra. “Tendremos que ver cómo es el borrador y cómo se establecen los criterios de coordinación o colaboración”, apostilló Blanco, quien recordó que se trata de una prestación de la Seguridad Social.

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