Greenpeace ataca el dinero público para vuelos no rentables en el aeropuerto de León y su contaminación
Los aeropuertos de León y Burgos han estado subvencionando vuelos no rentables por un importe que supera los siete millones entre los años 2018 y 2022. Es una de las conclusiones que Greenpeace expone en su último informe, titulado 'Chanchullos en el aire: Análisis de las subvenciones de ayuntamientos y comunidades al sector aéreo', en el que denuncian las ayudas que diversas administraciones han dado a las aerolíneas para mantener vuelos deficitarios.
En concreto, apuntan que desde León se han concedido más de cinco millones, en concreto, 5,6 millones de euros, a través del Consorcio para la Gestión de la Promoción del Aeropuerto de León, entidad participada por el Ayuntamiento y la Diputación, ya que cada contrato anual está saliendo por 1,4 millones y el último incluso se ha impulsado por dos años, a pesar de ofrecer muchísimos vuelos menos que en los casos de contratos similares, por ejemplo en Asturias, que incentivan hasta 10 vuelos internacionales desde y hacia el Principado.
Mediante esta subvención, la aerolínea valenciana Air Nostrum, que desde siempre ha sido la única adjudicataria de las conexiones aéreas, mantiene diversas rutas, señala Greenpeace, que no serían rentables sin estas inyecciones adicionales de dinero público.
El contrato ha sido renovado hasta el año 2024, a pesar -apuntan- de ser una práctica vigilada de cerca por entidades como el Tribunal de Cuentas Europeo, al suponer una perturbación de los principios de libre competencia.
En el caso de Burgos, el aeropuerto de Villafría ha mantenido una fórmula similar abonando 1,2 millones al año a través de Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos S.A. (Promueve Burgos) para mantener su conexión con Barcelona. No obstante, este acuerdo no ha tenido continuidad por las bajas cifras de demanda, a pesar del empeño del gobierno municipal, cuyo alcalde llegó a afirmar que “no sería el primer alcalde en cerrar un aeropuerto”, exponen.
El responsable de la campaña de movilidad de Greenpeace, Adrián Fernández detalló que en plena emergencia climática diputaciones y ayuntamientos financian una actividad nociva para el medioambiente, como es la aviación. “Unas ayudas que bajo la apariencia de contratos de promoción turística, tienen como finalidad real que las aerolíneas mantengan de forma artificial unos vuelos innecesarios. Por ello exigimos al Ayuntamiento y la Diputación de León que detengan este tipo de ayudas y dedique estos recursos a promover un modelo turístico compatible con la protección del clima y el entorno”.
En 2016 la Junta de Castilla y León abandonó está política de subvenciones en una Comunidad autónoma, subrayan, que concentra cuatro aeropuertos en 300 kilómetros. Tan solo Villanubla, en Valladolid, registra cifras de pasaje superiores a 100.000, el mínimo fijado por la Unión Europea para garantizar la viabilidad de un aeropuerto comercial. El resto, concluyen, se quedaron lejos de este umbral: en 2019 León registró 66.000 viajeros y Salamanca y Burgos 18.000 cada uno.
