Igea acude a Villadangos para hacer cumplir la Ley de Memoria Histórica
El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero responsable de la Memoria Histórica, Francisco Igea, acude este lunes a Villadangos del Páramo, después de que su Junta Vecinal rechazara la exhumación de 70 víctimas de asesinatos de la represión franquista que están enterrados en una fosa común ubicada en el cementerio -cuya titularidad ostenta la Junta Vecinal-. Igea se reunirá en el Ayuntamiento con los responsables públicos este lunes por la tarde para garantizar el cumplimiento de la ley. “Las leyes no se votan y es una cuestión de humanidad elemental”, ha apuntado en declaraciones a El País.
El viernes pasado, una veintena de vecinos de Villadangos del Páramo se opuso a permitir la exhumación que había proyectado la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). La asociación ha anunciado que presentará una queja ante la Junta de Castilla y León y estudiará la posibilidad de denunciar por prevaricación administrativa al Ayuntamiento, así como ante la Fiscalía por incumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.
En declaraciones este lunes en Ponferrada el vicepresidente de Castilla y León ha asegurado que acude a Ponferrada “a escuchar” pero con la premisa de que “no se discute el cumplimiento de la ley, no hay negociación sobre el cumplimiento de la ley”. Para Igea “esta es una cuestión de cumplimiento de la ley y de humanidad, la gente tiene el derecho a recuperar los cuerpos de sus familiares y enterrarlos dignamente”. Ha puesto en valor que la Junta de Castilla y León lleva años financiando la recuperación y asegura “no entender” lo que ha pasado en Villadangos del Páramo, garantizando que todo lo que se haga se hará con seguridad y reparación de daños, “pero no se negocia el cumplimeinto de la ley”.
Sobre la polémica generada tras la votación en el concejo, el portavoz del Gobierno autonómico de PP y Ciudadanos ha señalado que “se está generando una imagen que no corresponde con la realidad” en Villadangos del Páramo, donde existen más de 700 habitantes censados, de los que “votaron 22 personas”, por lo que abogó por “no generar un mal nombre que no se corresponde con la realidad”. “Parece mentira que 83 años después del discurso de Manuel Azaña de paz, piedad y perdón, haya quien no ha entendido eso en este país sobre una cuestión que es la peor página de la historia del país y que ya va siendo hora de cerrar”, concluyó Igea.
En la reunión vecinal, el teniente de alcalde, Alberto González (PP), aseguró que había contactado con el secretario de Estado de Memoria Histórica -Fernando Martínez- y afirmó que este le había remitido a “otras alternativas con más garantías”, como esperar a que se apruebe la Ley de Memoria Democrática. El Gobierno lo desmiente “radicalmente”. “En ningún momento ha hablado con él [el teniente de alcalde], ni se ha puesto en contacto telefónicamente”, indican fuentes de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.
La asociación memorialista calcula que hay restos de unas 70 personas que fueron enterradas en el cementerio de Villadangos tras ingresar en el campo de concentración de San Marcos -hoy parador- y fusilados en los alrededores de la carretera N-120. El párroco y varios vecinos recogieron los cuerpos, los trasladaron y los enterraron en el cementerio. El pueblo escribió un acta de defunción de cada una de las víctimas, aunque no conocieran sus nombres, detallando todos los rasgos posibles que les pudieran identificar, incluidos los objetos personales que portaban en el momento del asesinato.
Este lunes por la tarde, Francisco Igea mantendrá una reunión en el Ayuntamiento de Villadangos del Páramo para abordar la exhumación de los 70 represaliados. Este fin de semana ya se mostró taxativo. “En un país democrático las leyes se aplican. Ni en un referéndum en Cataluña, ni uno en Villadangos pueden impedir su aplicación. Las leyes se aprueban y se discuten en el parlamento”, zanjó en Twitter.
Además, Igea cargó contra el Grupo parlamentario de Vox en Castilla y León y su argumento de las subvenciones. “Ellos [las asociaciones memorialistas] reciben 130.000 euros este año para restañar heridas y poder enterrar a sus familiares. Vosotros [Vox] recibís 16 millones para fomentar el odio”, reprochó.
Igea se mostraba partidario de esta exhumación el jueves pasado tras el Consejo de Gobierno. “Exhumar víctimas del franquismo no se tiene que votar, es su derecho”, comentaba antes de que estallara la polémica. En ese momento, de hecho, Igea se mostró sorprendido cuando una periodista le preguntó por el asunto. “No acabo de entender la... Es que esto está protegido por la ley. Una de las cosas que hace la Junta de Castilla y León es ayudar, financiar, todas las búsquedas de víctimas enterradas en fosas comunes y cunetas”, apuntaba el jueves.
