Inhabilitan dos años al pedáneo de Turienzo Castañero por mentir en Transparencia

El pueblo de Turienzo Castañero. // Google Street Wiew

El Juzgado de lo Penal número de Ponferrada ha inhabilitado durante dos años al Alcalde Pedáneo de Turienzo Castañero y concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Castropodame, Víctor Manuel Núñez Tercero, “por un delito de vulneración de derechos cívicos, al denegar deliberadamente y de forma reiterada información pública que el Club Deportivo San Tirso y San Pelayo le había solicitado”.

El origen del litigio, según informa de ello el propio club deportivo, “parte de la negativa del presidente vecinal a facilitar información pública sobre su gestión al frente de la Pedanía y, en concreto, para esclarecer actuaciones administrativas de cuestionable legalidad; las cuales, a fecha de hoy, todavía no han sido facilitadas”.

El pedáneo Víctor Manuel Núñez Tercero “desoyó y desobedeció incluso el requerimiento expreso de la Comisión de Transparencia de Castilla y León”, alegando que el Club Deportivo San Tirso y San Pelayo “no tenía interés legítimo en la información que solicitaba”, o, “poniendo excusas absurdas, tales como que la Junta Vecinal que preside (que tiene unos ingresos del parque eólico del Redondal que rondan los 90.000 euros anuales) carecía de medios para facilitar copias de la documentación”.

“Se ha de indicar que, incluso, se le llegó a proponer costear las copias, sin que esta circunstancia le disuadiera de su voluntad de ocultar la información pública”, explican desde el club.

“Con la intención de burlar el requerimiento de la Comisión de Transparencia de Castilla y León, el señor Núñez Tercero convocó a la directiva del club para, supuestamente, facilitarles la documentación. En dicha reunión procedió a chantajear y amenazar a los representantes del Club Deportivo, manteniéndose estos firmes, y formulando denuncia judicial”, explican los miembros del mismo, por lo que denunciaron también por vulneración de sus derechos cívicos, como se recomienda en este artículo de ILEÓN sobre cómo pedir las cuentas de pueblos, ayuntamientos y empresas públicas.

“Mentiras al Comisionado de Transparencia y el juzgado”

“Posteriormente, el ahora condenado intentó engañar al Comisionado de Transparencia y al propio Juez asegurando que había aportado la documentación. Argumento que nunca se sostuvo a la vista de las pruebas irrefutables que demostraron lo contrario”, apuntan los denunciantes.

Tal como indica la sentencia: “Víctor Manuel Núñez Tercero no sólo se negó a facilitar de forma eficaz este acceso a la información pública [...] culminando su acción criminal comunicando a la Comisión de Transparencia que en la reunión del día 23 de enero de 2019 sí se había enseñado la documentación requerida pero que los responsables de la entidad reclamante se habían negado a revisarla; lo que, escuchando el audio de la reunión, queda patente que es falso”.

La Sentencia condenatoria realiza un recordatorio al alcalde pedáneo y cargos públicos electos y funcionarios: que la Administración es “una estructura de servicio a los ciudadanos”, y que por eso tienen “derecho a preguntar y conocer su actividad”. Con argumentos demoledores como que debe desterrar “radicalmente la idea de que la Administración pueda ser un medio para servirse de ellos o para ejercer el poder público al margen de la ciudadanía”.

“Insólita y censurable actuación”

La Sentencia también destaca la “insólita y censurable actuación” del pedáneo de Turienzo Castañero y concejal del PSOE en Castropodame, “impropia e injustificable en un cargo público”, afirmando rotundamente, que su conducta constituye “sin duda un delito y justifica el reproche penal contra él”.

“No podemos consentir más corrupción en las administraciones. Confiamos en el buen hacer del nuevo pedáneo, esperando que actúe libremente y sin contaminación por su antecesor pues todavía queremos conocer la actuación realizada por el señor Víctor Manuel Núñez Tercero”, concluyen los miembros del Club de Santo Tirso y San Pelayo; que se preguntan “qué es lo que tiene que esconder para no facilitarnos la documentación solicitada”.

Esta no es la primera condena por negar información pública en Transparencia, ya que se han producido varias en la provincia de León. Una vez se ha denunciado al político o funcionario, y sustanciado el juicio, no les libra que den la información a posteriori, y la vulneración del derecho cívico del ciudadano a ver las cuentas y los documentos públicos puede llevar a ser condenado por prevaricación con la consiguiente pena de inhabilitación especial para cargo público.

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