El número 2 de Gürtel confiesa que los empresarios leoneses Ulibarri y Martínez Parra le pagaron mordidas

El número dos de la Gürtel, Pablo Crespo, ha remitido un escrito de conformidad a la Audiencia Nacional, que le juzgará por la pieza de Boadilla del Monte (Madrid) junto a otros 26 acusados a partir del 22 de septiembre, en el que confiesa las mordidas que le atribuye la Fiscalía por intermediar en la concesión de obras, según informa elDiariocyl.

La carta, fechada el 3 de marzo y remitida desde el centro penitenciario de Valdemoro, apunta a operaciones concretas, entre ellas las que afectan a dos empresarios leoneses, José Luis Ulibarri, dueño de la constructora UFC, y José Luis Martínez Parra, de Teconsa. Hace apenas unos días que este último confesó haber pagado sobornos al líder de la trama, Francisco Correa. Crespo hace referencia a las páginas en las que la Fiscalía le acusa de cobrar determinadas cantidades. Así, considera “correcta” la cantidad de 593.000 euros que se le atribuye por “intermediación en adjudicaciones públicas a favor de terceras empresas como Teconsa, Constructora Hispánica y UFC” así como de otras de la que no recuerda el nombre “y cuyas obras se mencionan como 'Jardines' y 'Donuts'” y precisa después que con los 'donuts' se referían a las rotondas.

Como no podía ser de otra forma, Crespo también asume que administraba las sociedades de las que se valía la red para cobrar las mordidas. “Yo administraba las sociedades que se mencionan. Administraba formalmente y de hecho Special Events, SL., Pasadena Viajes, SL., Technology Consulting Management SL, Rialgreen SL. y Boomerang Drive SL y administraba o dirigía de hecho Orange Market y Down Town Consulting SL. Todo ello desde finales de octubre de 2002”. Crespo matiza que otro de los acusados, José Luis Izquierdo, no era más que “un puro amanuense y empleado del más bajo nivel jerárquico en la empresa, sin conocimientos de contabilidad y sin capacidad de decisión alguna ni información concreta” sobre lo que él o Correa le ordenaban anotar.

Considera “precisa” la descripción que se hace del procedimiento de adjudicación a UFC, SA, la empresa del constructor y magnate de medios en Castilla y León, José Luis Ulibarri, de una parcela en el Ayuntamiento de Boadilla, por la que pagó mordidas. En concreto, la Fiscalía pide para Ulibarri 7 años y 1 mes de cárcel por presuntos delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública y otro continuado de falsedad en documento mercantil. Siempre según la tesis del juez instructor, la empresa de Ulibarri, UFC SA, consiguió la adjudicación de una parcela en el Polígono B, del Plan de Ordenación Urbana de Boadilla por 35 millones de euros y se habría pagado un millón de comisión ilegal que se encubrió con pagos de servicios que no se prestaron.

Facturas “de contenido irreal” y un millón de euros en efectivo

“Es cierto que, con el objeto de encubrir la percepción de los fondos obtenidos del adjudicatario”, reconoce Crespo, “se emitieron facturas de contenido irreal a las sociedades del Sr. Ulibarri por parte de Consultoría y Gestión de Inversiones SA., que administraba el Sr. Gordon Levenfeld, por orden del Sr. Correa y con conocimiento por parte del Sr. Gordon de la realidad que subyacía tras dicha facturación. Dichas cantidades fueron después distribuidas a mí mismo (90.000 euros + iva facturados desde Cresva SL.), al Sr. Martín Morales (110.000 euros +iva facturados desde Freeconsulting 4 SL.) y la cantidad restante al Sr. Correa Sánchez conforme a la operativa descrita en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal”.

Respecto a la constructora Teconsa, dice Crespo que en “pago” por su participación para la adjudicación de obras, percibió 288.000 euros a través de Cresva SL “mediante facturas por servicios no prestados”. Pero además llegó a percibir el dinero directamente desde la constructora. “Yo personalmente retiré en efectivo en la sede de la sociedad Teconsa un millón de euros distribuido en efectivo conforme se indica en la página 55 del escrito de acusación del Ministerio Fiscal”.

La Fiscalía pide 64 años de cárcel para Crespo, que, en el escrito, muestra su arrepentimiento por los hechos de los que se le acusa en la pieza de Boadilla y por otros por los que ya ha sido condenado mediante sentencia firme.

“Soy consciente del daño económico causado por los delitos cometidos y es mi deseo reparar dicho daño mediante colaboración con la Administración de Justicia, tanto reconociendo los hechos, como facilitando la transferencia de los fondos de mi propiedad que se encuentran en el extranjero, así como mostrándome favorable a la ejecución y realización de todos aquellos bienes (muebles e inmuebles) de mi propiedad embargados”.

Pablo Crespo suma más de medio siglo de condenas y lleva más de 7 años en la cárcel. La Audiencia Nacional ya ordenó en febrero repatriar los fondos en Suiza de Luis Bárcenas, Francisco Correa y el propio Pablo Crespo.