La Junta aprueba el primer plan de igualdad en el funcionariado autonómico
Este Plan, que configura el primero de esta naturaleza en la Junta de Castilla y León, tiene por objeto “garantizar la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres”. Asimismo, busca “la promoción, el fortalecimiento y el desarrollo de la igualdad de trato y de oportunidades entre las mujeres y los hombres que prestan sus servicios en la Administración General de la Comunidad y sus organismos autónomos”.
El Plan consiste en un conjunto ordenado de medidas adoptadas después de realizar un diagnóstico de situación, tendente a alcanzar la igualdad de trato de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo.
Su ámbito de aplicación es la Administración General de la Comunidad de Castilla y León y los organismos autónomos dependientes de esta que tengan personal funcionario, estatutario o laboral a su servicio. En concreto se aplicará a personal al servicio de la Administración General, personal al servicio de las instituciones sanitarias y personal docente no universitario de los centros públicos de Castilla y León.
Se fundamenta en los principios básicos de igualdad entre mujeres y hombres, transversalidad, participación, seguimiento y mejora continuos, comunicación no sexista, flexibilidad y adaptación a la diversidad de circunstancias de los distintos sectores y categorías.
El Plan, además, se sustenta en tres pilares fundamentales como son el económico, el social y el personal y se desgrana a través de ocho ejes de actuación. En concreto, en la aplicación transversal de la perspectiva de género; el acceso al empleo público y la igualdad en las condiciones de trabajo y en el desarrollo de la carrera profesional. Asimismo, apuesta por la ordenación del tiempo de trabajo, corresponsabilidad y conciliación de la vida personal, familiar y laboral; y por la salud laboral y prevención de riesgos laborales desde la perspectiva de género. Otro pilar es la atención a situaciones necesitadas de especial protección; y la formación en igualdad, información y sensibilización; junto a las retribuciones.
Asimismo, cuenta de 21 objetivos específicos y 94 medidas, cada una de las cuales consta de un responsable y procedimiento de revisión. El plan da cumplimiento al compromiso adquirido entre la Administración y las organizaciones sindicales firmantes del Acuerdo marco de fecha 29 de octubre de 2015.
Brecha salarial entre los funcionarios y funcionarias, según CSIF
“Si el nuevo Plan de Igualdad Empleados Públicos no pone fin a la brecha salarial entre sexos en la administración autonómica, todo el esfuerzo para garantizar la igualdad de oportunidades y de trato no habrá servido de nada y la Junta será la responsable”. Así lo afirma la secretaria de Igualdad de la Central Sindical y de Funcionarios (CSIF) de Castilla y León, Regina Álvarez, con motivo de la celebración el 22 de febrero del Día Internacional de la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres.
En octubre de 2020, CSIF remitió un escrito al consejero de Presidencia y a la directora general de Función Pública, para alertar de “una discriminación histórica que hay que abordar con urgencia y atajar”; y para exigir a la Junta compromisos y medidas correctoras, que acaben con la brecha salarial que sufren unas 5.000 trabajadoras laborales.
“De poco servirá la aprobación del primer Plan de Igualdad si todo queda en una declaración de intenciones y no se ponen medidas concretas e inmediatas a este asunto”, remarca CSIF y añade que un análisis realizado por el sindicato “evidencia que los complementos salariales competenciales que marca la Junta en su personal laboral, en puestos que de manera mayoritaria desarrollan mujeres, son inferiores o muy inferiores a los que se dan en los que ocupan principalmente hombres, dentro del mismo grupo laboral”.
Esta circunstancia, dicen, y aunque el sueldo base sea el mismo, provoca una brecha que se da en todos los niveles salariales, excepto en el intervalo de 12.000 a 18.000 euros anuales. La diferencia se agranda y es más significativa en el nivel de salarios de más de 36.000 euros, donde mayoritariamente son hombres quienes lo reciben, explica el sindicato independiente.
La equiparación salarial real de hombres y mujeres, recalcan en un comunicado, requiere la voluntad firme de la Junta “con decisiones que no se pueden retrasar más. Las diferencias y discriminaciones retributivas son elevadas, como ya ha denunciado y ha demostrado en varias ocasiones CSIF”.
Diferencias salariales de género
En cuanto al conjunto de los trabajadores de Castilla y León, según los últimos datos de la Agencia Tributaria correspondientes a 2019, el salario medio de un varón en la Comunidad fue de 22.057 euros anuales, frente a los 17.244 de la mujer; es decir, 4.813 euros menos.
En Ávila, esas cantidades son, respectivamente, de 19.071 y 15.690 euros; en Burgos, de 24.078 y 17.422 €; en León, de 21.591 y 16.944; en Palencia, de 21.578 y 16.981; en Salamanca, de 21.127 y 17.292; en Segovia, de 20.523 y 16.111; en Soria, de 21.398 y 18.233; en Valladolid, de 23.985 y 18.400; y en Zamora, de 18.806 y 15.749 euros.
Más precariedad laboral por la pandemia
Un informe de CSIF refleja que la brecha salarial de género en España es del 22 por ciento, según los últimos datos de la Agencia Tributaria (2019) y CSIF estima que a día de hoy supera el 23 por ciento como consecuencia de la precariedad laboral originada por la pandemia. La brecha en la contratación temporal se ha multiplicado por seis en el último año, aumenta la proporción de mujeres en paro y ocupadas a tiempo parcial respecto a los hombres y la brecha de contratos parciales por cuidado familiar crece un 27 por ciento (por cada hombre en esta situación hay 16 mujeres).
Además, se pone de manifiesto que en los matrimonios españoles, por cada cinco hombres en paro hay ocho mujeres, en la Administración General del Estado las mujeres cobran entre 1 y 1,5 euros menos por hora de trabajo que los hombres, en las administraciones hay casi el doble de mujeres que se acogen al teletrabajo para el cuidado de menores y mayores y diez comunidades autónomas no cuentan aún con Planes de Igualdad para sus empleados públicos.
