El Contencioso admite a trámite el recurso interpuesto por Fele contra el incremento de tasas de Gersul

Un camión llevando basura a la planta provincial de basuras en San Román de la vega. / Carlos S. Campillo / ICAL

ICAL

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número dos de León ha admitido a trámite el recurso interpuesto por la Federación Leonesa de Empresarios contra el presupuesto presentado por Consorcio Provincial de Residuos de León para el ejercicio 2020, tras detectar “numerosos errores materiales y formales en unos presupuestos que presentaban un indebido incremento de la tasa de basuras”.

En concreto, la Fele detectó un incremento del 19 por ciento aplicado en la partida de ingresos con el objetivo de “trasladar a ciudadanos y empresas la deuda acumulada en ejercicios anteriores por la ineficiente gestión del servicio realizado por Gersul”. Asimismo, las alegaciones presentadas “constataron que el presupuesto no cumplía con el objetivo de estabilidad presupuestaria, ni con el del límite de deuda financiera o comercial y tampoco con la regla de gasto”.

Por todo ello, ante las “graves irregularidades observadas”, la patronal reclamó una rectificación inmediata por parte del consorcio que “evitara perjudicar a todos los contribuyentes”, al tiempo que demandó una gestión “clara y eficiente del consorcio que sirva para solucionar los problemas que arrastra el ente público”.

Unos problemas entre los que Fele destacó poner fin a la “deuda histórica” que mantienen los ayuntamientos, actualizar los registros de forma que se eviten duplicidades en el cobro y que se recaude por parte de aquellos que nunca han pagado por no constar en el censo, bajar las cuotas, “dada la catastrófica situación económica en la que ya están sumidos muchos sectores y empresas y que, de no tomar las medidas oportunas, abocaría a muchas de ellas a la desaparición” y adecuar los salarios del personal de Gersul y reclamar las cantidades indebidamente percibidas que no estén prescritas de conformidad a los reparos permanentes e insistentes de la Intervención General.

Además, en última instancia, Fele apostó por la extinción del consorcio y su sustitución por un convenio interadministrativo entre la Diputación de León y los Ayuntamientos de León, Ponferrada y San Andrés del Rabanedo, ya que “no subsisten los motivos que justificaron su creación y actualmente no resulta financieramente sostenible”.

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