El personal laboral e interino clama “contra la temporalidad ilegal” en las Administraciones Públicas
Un fraude de ley de libro respecto a la fórmula de contratación de los empleados públicos. Esto es lo que han denunciado hoy el personal laboral y los interinos de la administración pública en una manifestación frente a la puerta de la Subdelegación del Gobierno en León, que se ha repetido en más de cuarenta ciudades en todo el país.
Así lo denuncia la llamada Plataforma Fraude de Ley, que convocó a los empleados públicos temporales de toda España a concentrarse frente a las Delegaciones y Subdelegaciones del gobierno de 40 ciudades de todas las Comunidades Autónomas, León incluida, “para denunciar el uso abusivo de las contrataciones temporales que sufren por parte de sus Administraciones empleadoras, que incumplen sin sanción la norma española y el Derecho Comunitario que protege a todos los trabajadores y previene el uso abusivo de los contratos de duración determinada”.
“Desde hace 20 años las administraciones públicas recurren a contratos temporales para cubrir necesidades que no son provisionales y urgentes, sino permanentes y estables, lo que constituye un abuso de la contratación temporal prohibido por una norma comunitaria de obligado cumplimiento, la Directiva 1999/70/CE que se sigue incumpliendo impunemente en nuestro país”, asegura esta organización.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea exige que se imponga al empleador, privado o público, una sanción disuasoria para evitar que vuelva a recurrir el abuso y que elimine sus consecuencias en el trabajador; bien a través de indemnizaciones disuasorias o estabilizando en el empleo a las víctimas del abuso. “Incluso la Ministra de Función Pública, Carolina Darias, así como su Secretario de Estado, Francisco Hernández Spínola, han informado en comparecencias y medios de comunicación, que es necesario terminar con esta situación; sin embargo, pretenden hacerlo por una parte, reformando el artículo 10 del EBEP (el que se ha venido incumpliendo por la administración sin consecuencias) para evitar abusos a futuro; y por otra mediante ofertas de empleo de estabilización de plazas, no de personas, confundiendo los sistemas de acceso a una administración de la que ya formamos parte, con la estabilización en el empleo como sanción al abuso cometido por la administración”, critican.
“Mientras el gobierno sigue estudiando cómo resolver esta situación, creada por las propias Administraciones, se van sucediendo los ceses de personal, con las consiguientes demandas, denuncias y movilizaciones sociales como las concentraciones frente a las subdelegaciones, o la huelga de médicos y de otros sectores públicos en Canarias, que apoyamos desde la península y a la pronto se sumarán las de las trabajadoras y trabajadores públicos en abuso de toda España, si el gobierno no propone una solución acorde con la Directiva”, manifiestan.
Desamparo e incertidumbre
Este escenario de desamparo e incertidumbre para miles de familias afecta principalmente a mujeres con una media de 50 años “sin opción a incorporarse al mercado laboral si son cesadas”. La Comisión Europea sigue vigilante para decidir si demanda al Reino de España por incumplimiento, manteniendo abiertos varios expedientes de infracción por este motivo.
“Si en el Sector Público no se pone en marcha un control de legalidad, inspecciones o auditorías contra el fraude y el abuso en las administraciones, similares a las adoptadas en el ámbito privado, nunca se pondrá fin a la temporalidad abusiva”, critican los convocantes.
Por todo ello. los manifestantes reclaman que la Administración cumpla con la normativa vigente, “que ejerza funciones de inspección y control de legalidad sobre sus propias contrataciones temporales, poniendo fin al despido libre y gratuito y que se paralicen las ofertas de empleo para plazas ocupadas por personal temporal hasta su control de legalidad”. También que se sancione el abuso, “mediante regularización administrativa de las víctimas con su estabilidad en el empleo, respetando las normas que impiden cesar al personal temporal cuando no concurren las causas de cese vinculadas a su contratación temporal en fraude de ley”.
