El Sindicato de Veterinarios de León pide a la Junta extender la inspección de residencias a toda la Comunidad
El Sindicato de Veterinarios de León Sivele-Uscal pidió hoy a la consejera de Sanidad, Verónica Casado Vicente, que haga extensivo a todas las provincias de Castilla y León el Plan de Controles en Residencias de Mayores, Personas con Discapacidad y Centros de Atención a la Dependencia llevado a cabo en la provincia de León, y que ha permitido avanzar en el análisis de peligros y establecer las medidas preventivas más efectivas en los puntos críticos encontrados.
Asimismo, consideraron necesario que se diseñe un Plan similar para colaborar en los Protocolos de Prevención de la Actividad Lectiva en todos los Centros Educativos de Castilla y León para el curso escolar.
Por último, solicitaron que se establezca un Plan de Contingencia frente a la Covid-19 que determine e implemente las instrucciones técnicas que sean necesarias para que los Servicios Oficiales de Salud Pública lleven a cabo todas las actuaciones de formación, información, prevención y control sanitario de todas las actividades sociales y comerciales, especialmente las de origen alimentario, que permanecen abiertas durante la actual situación de crisis sanitaria.
Mientras tanto, el sector de Sanidad de la FeSP-UGT Castilla y León “lamenta y condena que la Junta de Castilla y León restrinja el transporte sanitario a los pacientes y usuarios de las residencias, los más vulnerables, ya que, para la gran mayoría de ellos, limitados físicamente, el transporte sanitario es la única manera de poder trasladarse a las consultas hospitalarias necesarias para el seguimiento de sus patologías”.
Desde el sindicato consideran que esta decisión ejemplifica, una vez más, la “política de recortes” en los servicios sanitarios públicos que están llevando a cabo desde la Administración en Castilla y León. Según el sindicato, esta decisión, que se lleva a cabo en plena segunda ola de la pandemia, “amenaza el sistema de protección de los mayores de la comunidad”.
La Federación de Servicios Públicos sindical denuncia que la resolución se haya ordenado “de forma verbal, sin ningún documento ni justificación escrita para que no quede constancia de esta tropelía que se les pueda volver cual bumerán como sucedió en la primera ola con el documento de no derivación hospitalaria”.
UGT considera que los recortes asistenciales no conllevan ningún ahorro económico ya que el servicio “cuenta con un canon en la concesión del Transporte Sanitario de la Comunidad”. Esto significa que el servicio tiene una cuota fija periódica y se debe abonar, aunque no se realice. Por eso, exigen a la Junta de Castilla y León que, en lugar de limitar el transporte sanitario a este grupo de pacientes, aumente los recursos y personal para conseguir que la ratio de pacientes por ambulancia sea menor y, por tanto,más segura.
En la misma línea, exigen que la Consejería, a través de su Dirección General de Planificación y Asistencia Sanitaria, realice el seguimiento del cumplimiento estricto de los pliegos de condiciones de las concesionarias de transporte sanitario de la Comunidad puesto que, según el secretario regional de Sanidad de FeSP UGT CyL, Miguel Holguín, “con el bolsillo de los castellanos y leoneses deberían ser especialmente escrupulosos”.
