El juez de Púnica mantiene abierta la causa pero podría acelerar el juicio a los tres leoneses implicados

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ileon.com / Elena Herrera / elDiario.es

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, instructor del caso de presunta corrupción destapado en 2014 por la llamada Operación Púnica, ha optado por tomar el camino del medio, dictando un auto por el que deja sin efecto el fin de la instrucción de la causa fijado para este jueves 27 de agosto, en cumplimiento de la nueva redacción del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Dicha modificación, que entró en vigor a finales de julio, revoca los cambios introducidos por el Gobierno del PP para limitar los plazos de instrucción de las causas penales, criticados en su momento por toda la oposición y las asociaciones de jueces y fiscales.

La acusación popular ejercida por Adade y el PSOE pedía prorrogar la instrucción de la macrocausa en conjunto; mientras que algunos imputados, como la expresidenta regional, Esperanza Aguirre, habían pedido que la investigación se cerrara ya este próximo jueves. La defensa de la expresidenta de la Comunidad de Madrid alegó que continuar mas allá de esa fecha sería “desproporcionado y excesivo” después de más de cinco años de instrucción y reprochó a la acusación popular del PSOE que quiera hacer prevalecer su “interés político”.

En un auto al que ha tenido acceso eldiario.es, el juez García Castellón explica que con el objetivo de “evitar dilaciones indebidas” realizará un “estudio pormenorizado de cada una de las piezas en que se divide este procedimiento” para adoptar la resolución que corresponda. Es decir, deja entrever que podría dar cerrojazo a determinadas piezas que considere ya concluidas, siguiendo con la investigación de otras.

En el caso de las concluidas podría situarse la pieza de la Púnica que afectó de lleno a León, y por la que se mantienen como imputados el expresidente de la Diputación de León y ahora alcalde independiente de Cuadros, Marcos Martínez Barazón, al entonces interventor provincial 'Suso' López y el exalto cargo y actual regidor de Puebla de Lillo, Pedro Vicente Sánchez, por presuntos contratos con dinero público para mejorar la reputación del primero y bajo acusaciones de presunto amaño de pliegos para proyectos en la estación invernal de San Isidro.

Para ellos el fiscal del caso pidió en 2018 penas que oscilaban entre entre 7 y 10 años y medio de cárcel, así como una “fianza solidaria” de 28.500 euros cada uno. En el mes de junio de 2018 los tres imputados leoneses viajaron a Madrid para recoger el auto de apertura de juicio oral, que todavía no se ha celebrado y del que ni noticias se tienen aún, casi seis años después de los hechos.

También estaría ya cerrada la número seis en la que se analiza la supuesta adjudicación irregular de contratos de eficiencia energética a la empresa Cofely en una decena de ayuntamientos de la Comunidad de Madrid.

Una de las piezas principales de este caso es la número nueve, que aborda la supuesta financiación irregular del PP de Madrid y en la que están imputadas las expresidentas de la Comunidad Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.

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