Ocho ayuntamientos de la provincia de León presentaron ERTEs pese a prohibirlo la legislación

Peio García / ICAL

Antonio Vega

Un total de 8 ayuntamientos de la provincia de León presentaron Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) para sus empleados durante el estado de alarma, según confirman desde la consejería de Empleo de la Junta de Castilla y León. Y todos vieron rechazada su pretensión por la Delegación de Trabajo en León.

Estos ayuntamientos, que desde la Junta rechazan desvelar sus nombres, lo hicieron pese a que tanto el estado de alarma como la legislación laboral general no contemplan que las administraciones públicas puedan acogerse a este tipo de regulación laboral.

El primer decreto que regulaba los ERTEs durante el estado de alarma, 8/2020 de 17 de marzo, explicaba en su artículo 22 la normativa aplicable y citaba el artículo 47 del Estatuto de los Trabajadores como regulación fundamental de los mismos.

En el Estatuto de los Trabajadores la disposición adicional 17 dice que lo señalado en el artículo 47 (que regula los ERTEs por fuerza mayor y por causas económicas, técnicas y organizativas de producción) no es de aplicación a las administraciones públicas. Por ello ningún ayuntamiento lo podía presentar.

Los ayuntamientos de la provincia de León fueron los que más ERTEs presentaron de toda la Comunidad, donde ha habido un total de 27. En Burgos se presentaron 5 expedientes y en Valladolid 4. En Soria no se presentó ningún expediente. Todos han sido rechazados según la consejería de Empleo.

El caso de Valverde de la Virgen

El único nombre de municipio que presentó un ERTE que se conoce es el de Valverde de la Virgen, situado en el alfoz de la ciudad de León, debido a que incluso presentó un recurso judicial contra el rechazo a su ERTE, que perdió.

El Consistorio, gobernado con mayoría absoluta por David Fernández (PP), interpuso un recurso de alzada contra el rechazo de la administración laboral acudió también al Juzgado, que inadmitió la demanda y la petición del Ayuntamiento, por haber interpuesto el recurso sin que transcurriera el plazo de tres meses que la Administración tiene para resolver cualquier recurso de alzada. El archivo de la demanda interpuesta por el Ayuntamiento recalcaba además que no reunía los requisitos legalmente exigidos.

Según ha podido conocer este periódico otros ayuntamientos consultaron previamente la presentación y alguno más lo retiró tras ser advertido de su ilegalidad.

Según los últimos datos disponibles de ERTEs, con fecha 1 de junio, se habían presentado en la provincia de León 6.330 expedientes que afectaban a 22.839 trabajadores. Los mayores sectores afectados eran hostelería y comercio.

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