Suárez Quiñones afirma que fue legal la venta de los todoterrenos forestales para chatarra que siguen circulando

El consejero de Fomento, el leonés Juan Carlos Suárez Quiñones, en el pleno. Foto: Leticia Pérez / ICAL.

Agencia ICAL

El consejero de Fomento y Medio Ambiente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, defendió hoy la legalidad en la venta de los vehículos todoterreno forestales que quedaron fuera de uso, y el procurador socialista Ángel Hernández criticó que se hayan hecho adjudicaciones directas a terceros y no hayan dejado opción a ayuntamientos a su posible adquisición.

En el pleno de las Cortes, Hernández pidió conocer las razones para la enajenacion de forma directa de los vehículos, cuestionó que todos ellos tuvieran más de diez años y censuró que la venta se haya realizado entre 600 y 900 euros, muy por debajo de su precio. “Están en Milanuncios”, aseveró, en una aseveración en la que el consejero le pidió seriedad.

El procurador manifestó que ninguno de los contratos se ha publicado en el Portal del Gobierno Abierto, preguntó por qué en esta ocasión no se realizó a través de la subasta y subrayó que ni existe el certificado de baja ni de destrucción por parte de empresas.

Suárez-Quiñones sostuvo que la venta, realizada por los órganos competentes en la materia, las delegaciones territoriales, se ha realizado conforme a la ley de Patrimonio de Castilla y León y explicó que hubo 31 expedientes a los que concurrieron 208 empresas.

“Algunos de los vehículos tenían 30 o 40 años y suponían un gasto de 1,5 millones al año en reparaciones”, detalló el consejero, a lo que unió el problema para la seguridad, si bien indicó que solo hubo cinco adjudicaciones directas, tres a ayuntamientos y dos a asociaciones.

El consejero de Fomento y Medio Ambiente explicará los detalles en su comparecencia el próximo 26 de febrero en la Comisión del ramo de las Cortes, a instancia propia y del Grupo Socialista.

Rechazo de la liberalización de la ITV

Por su parte, el consejero de Empleo e Industria, Germán Barrios, defendió el “servicio eficiente” que está prestando la ITV en Castilla y León y rechazó la posibilidad de liberalización, como han hecho otras comunidades, porque ello supondría el pago de una indemnización por los años que restan de concesión administrativa —hasta 2029—, además de acometer instalaciones nuevas.

Ello concentraría el servicio, según explicó el consejero, en los grandes ejes de carretera y en las grandes ciudades y núcleos de población mayores, dejando carentes de esta actividad a otras zonas. Con una división en 13 zonas de distribución es posible que “a pocos kilómetros los ciudadanos tienen una ITV”, de ahí que no se apueste por la liberalización del servicio.

Barrios respondió al procurador de Vox en las Cortes, Jesús María García-Conde del Castillo, que preguntó a la Junta si mantendrá el “monopolio”, impidiendo así el abaratamiento de las tarifas por la falta de competencia, y negó que haya un monopolio, porque son cuatro las empresas que pueden prestar el servicio. Además, Barrios recordó que los precios se encuentran “en la media nacional” después de que se redujeran y se congelaran posteriormente.

García-Conde del Castillo recordó que de las 41 estaciones de inspección técnica de vehículos, 33 corresponde al grupo Itevelesa, y solo cuatro empresas pueden prestar ese servicio al estar en régimen de concesión administrativa. “La gestión de las ITV es un despropósito en Castilla y León”, lamentó el procurador de Vox, quien incidió en la “falta de calidad” así como en el hecho de que la Comunidad cuente con “los precios más elevados”, sin olvidar que pedir una cita es una tarea que “hay que planificar con antelación”, llegando en algunas zonas a los 15 días, a lo que hay que sumar las esperas posteriores.

“Pasar la ITV es un verdadero fastidio para particulares y empresas”, recalcó García-Conde del Castillo, quien aseveró que le importe del servicio se encuentra “por encima de la media nacional”, sin dejar a un lado el hecho de que el “control” por parte de la Junta “lleva a un peor servicio al ciudadano”, sentenció.

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