La Fiscalía encuentra en los 'pinchazos' de Enredadera 85 nuevos delitos de presunta corrupción para abrir 25 causas separadas
Cuando está a punto de cumplirse un año del estallido de la trama corrupta que destapó en julio de 2018 la Operación Enredadera, el caso acaba de desbloquearse de manos de la Fiscalía. Para ampliarse de una manera hasta ahora insospechada.
El avance judicial del caso supone un abundante número de nuevas sospechas de corrupción, tan abundante que a mayores de las 31 imputaciones iniciales del caso, que salpicó a 43 ayuntamientos de toda España, ahora el fiscal ha encontrado la presunta implicación de otras 26 personas, a las que atribuye un total de 85 posibles nuevos delitos en la suma de todas ellas, tal y como ha podido confirmar en exclusiva ILEÓN.COM
Fruto del análisis meticuloso de cientos y cientos de horas de conversaciones telefonicas 'pinchadas' por orden del Juzgado número 2 de Badalona a lo largo de dos años a numerosos empresarios, como los leoneses José Luis Ulibarri o Ángel Luis García Martín 'El Patatero', o infinidad de políticos y funcionarios, el fiscal Jordi Casas decidió el pasado 15 de abril -antes de las elecciones generales de abril y las municipales de mayo- solicitar al Juzgado instructor la apertura de otras 25 nuevas causas judiciales. Las causas deben abrirse en los lugares donde se cometieron estos presuntos delitos.
Se trata de nuevos casos emanados de presuntas nuevas irregularidades que se extraen de esas conversaciones y que la Fiscalía ha observado fruto de “hallazgos casuales” pero de suficiente revelancia como para pedir al Juzgado badalonés que convierta todos ellos en causa aparte de las diligencias previas 493/2016 que conforman 'Enredadera'. Hasta el momento la trama tiene judicialmente cinco causas abiertas, la principal de Badalona y piezas separadas en León, Astorga, Fuenlabrada y Navalcarnero.
Once graves tipos de delitos más
La amplitud de tales sospechas del ministerio fiscal es de tal calado que identifica un total de once nuevos tipos delitos que van desde prevaricación administrativa, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, uso de información secreta o privilegiada, fraude a la administración, prevaricación en nombramiento de cargos públicos, revelación y descubrimiento de información privilegiada, prevaricación urbanística, delito contra la hacienda pública, falsedad documental y blanqueo de capitales.
De todos ellos señala el fiscal a 26 personas diferentes, al menos media docena de ellas de nueva aparición en este caso, es decir, que hasta ahora no aparecían en el sumario del 'Caso Enredadera'. El resto ya permanecen investigadas desde el inicio por la causa general o alguna de la piezas separadas. A propósito de todos ellos, el fiscal del caso pide al Juzgado catalán que se les llame a declarar para que aclaren la presunta ilegalidad que emana de las conversaciones telefónicas por las que son protagonistas.
Entre ellos aparecen numerosos políticos de varias formaciones e instituciones, algunos de ellos ya apartados de la vida pública por su implicación en Enredadera pero otros aún con vinculación institucional. También se incluyen empresarios y empleados de algunas compañías ya implicadas en la trama y otras nuevas, policías locales y nacionales, altos funcionarios municipales, abogados, médicos o ingenieros.
Los nuevos 'sospechosos', al detalle
Respecto a los nuevos 'sospechosos' vinculados a instituciones, afectan a algunas importantes de la provincia leonesa como municipios de calado de los ayuntamientos de León, San Andrés del Rabanedo o Villarejo de Órbigo, así como los madrileños de Arroyomolinos y Villanueva de la Cañada. También aparecen varios relacionados con el Ayuntamiento de Oviedo, entre políticos y miembros del cuerpo municipal de Policía. La Fiscalía también pide ampliar las investigaciones sobre presunta corrupción a la rama de Galicia descubierta en 'Enredadera'.
En cuanto a los partidos políticos que se verían salpicados según las tesis de la Fiscalía se encuentra en la lista excargos de Ciudadanos en León, uno de IU Asturias, así como exalcaldes y exconcejales del PP y del PSOE, varios de León.
En manos del juez de Badalona que instruye el 'Caso Enredadera' queda ahora una decisión final que de antemano se da por hecha, ya que así lo reclama el fiscal: abrir un total de hasta 25 nuevas causas judiciales independientes de 'Enredadera'. Así, de coincidir el magistrado con las sospechas de delito del fiscal, empezará a tirar del hilo de cada uno de los presuntos implicados, muchos de ellos, como 'El patatero' o el número 2 de Ulibarri, Miguel Hernán Manovel, ya imputados en la causa judicial principal, pero otros ajenos hasta ahora a la investigación de la Justicia.
El Juzgado de Instrucción número 1 de León ha incorporado ya a día de hoy al sumario general de la trama Enredadera dos de las piezas separadas que le había remitido el de Badalona por afectar directamente a implicados de la provincia leonesa en varios e importantes municipios.
Un presunto certificado médico falso para 'El Patatero'
Uno de los casos más llamativos que la Fiscalía reclama su investigación judicial afecta a tres leoneses, al empresario ya imputado 'El Patatero', a su abogado y a un famoso médico cardiólogo que ya aparecía en las conversaciones interceptadas pero para atraer a León la universidad privada UCAM.
En el escrito, el fiscal considera que a los tres se les puede imputar un presunto delito de falsedad documental debido a que en cuatro conversaciones telefónicas intervenidas entre ellos se deduce que el cardiólogo pudo hacer un certificado falso para evitar que Ángel Luis García prestara declaración en un juzgado, con el conocimiento y connivencia del abogado, según se extrae de las mismas.
El 'hallazgo casual' se basa en conversaciones en las que 'El Patatero' cuenta que su abogado le recomendó “que se busque un amigo que le haga un certificado médico y mañana no vaya a declarar”, según la transcripción policial incluida en el sumario de 'Enredadera. El certificado servía para retrasar una declaración de un conflicto judicial que mantiene el empresario por la venta de su negocio patatero.
El empresario de origen astorgano era propietario de una sociedad familiar dedicada a la distribución y venta de tubérculos, Grupo AGM, que vendió en 2016 a un supuesto fondo de inversión, hoy implicado en la presunta estafa de iDental. Los impagos del fondo de parte del importe de la operación llevaron a los juzgados al patatero en un conflicto con los nuevos dueños de su empresa familiar. Actualmente la fábrica, ubicada en el polígono de Valderrey, se encuentra cerrada a cal y canto tras declarase la empresa en concurso voluntario de acreedores en el 2018 y el despido de su plantilla en un ERE.
