Los policías que clausuraron la explotación de ‘El Feixolín’ afirman desconocer si la actividad era ilegal

La Audiencia Provincial de León acogió este martes la segunda sesión del juicio contra el empresario minero Victorino Alonso que se sienta en el banquillo acusado de un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente, cometido supuestamente durante las labores de explotación de la mina de carbón a cielo abierto de 'El Feixolín, situada en el municipio de Villablino, en la comarca de Laciana. También están acusados en esta causa el apoderado de la empresa, José Tascón, y al exalcalde Villablino, Guillermo Murias.

A lo largo de esta jornada han prestado declaración dos agentes de la Policía Local de Villablino que han explicado a preguntas de las partes que la actividad extractiva en la explotación de 'El Feixolin' se paralizó durante 24 horas, el 17 de mayo de 2016, pero que desconocen los motivos.

Ambos agentes han asegurado desconocer si la explotación era ilegal o no. En cuanto a la paralización han insistido en que se llevó a cabo para aplicar un decreto de la Alcaldía de Villablino, pero que desconocen o no recuerdan más detalles.

Además, también ha prestado declaración ante la sala, a petición de la defensa del empresario minero, un ingeniero de minas experto en impacto ambiental que trabajó para la compañía Unión Minera del Norte y después también tuvo relación con Coto Minero Cantábrico (CMC), empresa que explotó 'El Feixolin'.

El testigo ha insistido que la explotación minera no tenía Declaración de Impacto Ambiental porque se había aprobado el proyecto de explotación en 1986 y la legislación relativa a esa materia aún no había entrado en vigor. Por tanto, ha insistido en que 'El Feixolín' tenía “todas las autorizaciones pertinentes en materia medioambiental”. Una afirmación con la que ha discrepado el Ministerio Fiscal que insiste en que era necesario que la mina contara con una Declaración de Impacto Ambiental que nunca se aprobó.

Por otro lado, también ha agregado que no se provocó más que un perjuicio “ligero o moderado” al medio ambiente, tanto a la flora como a la fauna protegida que vive en el entorno de Villablino, tanto el oso pardo como el urogallo cantábrico. Aseveró del mismo modo que no se afectaron los recursos híbridos de la zona y que no se provocó ningún perjuicio en la calidad del aire que pudiera afectar a la población.

La Fiscalía también disiente en este aspecto. Según el Ministerio Público la actividad extractiva se desarrolló en un total de 210 hectáreas provocando “afección gravísima” para el medio ambiente y el entorno natural de la zona ya que ha afectado de forma directa a zonas de especial interés medioambiental y a hábitats protegidos del urogallo y el oso pardo“.

Acusados y penas

Victorino Alonso García está acusado en su condición de director de las empresas explotadoras Minero Siderúrgica de Ponferrada (MSP) y Coto Minero Cantábrico (CMC) y su control efectivo. Junto a él se encuentra también acusado José Tascón González, como apoderado de la empresa, por los mismos cargos. Para ambos la Fiscalía solicita en su escrito de acusación 8 años y 3 meses de prisión, además de otras condenas, como multas e inhabilitaciones para ejercer cargos similares y la restauración completa del daño ecológico y medioambiental causado.

Hay un tercer acusado en este juicio y es el exalcalde de Villablino (IU), Guillermo Murias Andonegui, para quien el Ministerio Público solicita 15 meses de prisión, por un delito de prevaricación urbanística, al intentar legalizar la situación de ilegalidad de la explotación.

El juicio continuará el miércoles cuando comenzarán las pruebas periciales y se espera que quede visto para sentencia el jueves.