Los funcionarios de prisiones irán a la huelga este miércoles y viernes para desbloquear el “conflicto” laboral
Los sindicatos UGT, ACAIP, CCOO, CSIF y CIG, organizaciones mayoritarias en el sector de prisiones, emplazaron a los trabajadores a participar en las primeras jornadas de huelga, convocadas para este miércoles y el viernes, a fin de instar al Gobierno a desbloquear el conflicto laboral que mantienen desde hace más de un año con la Administración Penitenciaria, según informaron en un comunicado.
Así, denunciaron la necesidad de abordar una negociación “real” tras la propuesta presentada por el Ejecutivo el 25 de septiembre y que fue retirada tan solo tres días después bajo el argumento de “restricción presupuestaria”, ya que suponía un incremento retributivo de 123 millones de euros a lo largo del periodo 2019-2021.
En este sentido, los trabajadores de prisiones se quejaron de un escenario “absolutamente de indignación” y entienden que la Administración les “ha faltado al respeto”. Por ello, las medidas de presión dan comienzo mañana con el primero de los seis días de huelga, así como en el conjunto de centros dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, y que se extenderán también los días 6, 8, 13 y 15 de noviembre.
Igualmente, los sindicatos que respaldan la huelga consideraron que “se ha truncado” el dialogo iniciado con el actual partido en el Gobierno, así como los actuales socios en la aprobación de los Presupuestos, cuando estaban en la oposición, y que les movió a presentar una enmienda a los anteriores.
A su juicio, el Gobierno debe volver a la negociación con la propuesta de reclasificación de centros y adecuar el salario de los empleados de prisiones a las “reales cargas de trabajo”. También reclamaron el reconocimiento de que “sin personal suficiente la Administración Penitenciaria no podrá llevar a cabo los objetivos de reeducación y reinserción que la legislación le encomienda”.
Por último, denunciaron los “abusivos” servicios mínimos que soportan como funcionarios públicos y que “impiden un desarrollo normalizado de un derecho legítimo como es la huelga”.
