“Si eres culpable de abuso a un niño debes ir a la cárcel, la impunidad no puede ser la norma”

Esteban Beltrán, el presidente en España de Amnistía Internacional, ha protagonizado parte de la semana con su presencia en León, una maratoniana jornada en la que sacó tiempo para responder, con el suficiente sosiego, a asuntos relacionados con los derechos Humanos de total actualidad y buena parte de ellos, por qué no, vinculados de alguna manera a León. Porque no hay fronteras, tampoco locales, para la ya veterana lucha de esta conocida ONG.

- ¿Qué le falta a León para realizar una política efectiva contra la violencia de género?

- Este año ha habido como 4.000 denuncias en la provincia de León y sólo unos 500 casos de mujeres con algún tipo de riesgo valorado, muy bajo. Hemos pedido al alcalde que pueda haber formación obligatoria para todos los funcionarios municipales que trabajan con estas víctimas, incluyendo la violencia sexual, que es la parte más oculta y de la que Amnistía está a punto de presentar un trabajo con datos. Pero también para garantizar que haya respuestas rápidas, que haya un centro de 24 horas de protección a mujeres víctimas de violencia de género en León. De momento sólo Madrid quiere implementarlo, pero es lo que recomienda la ONU y es una medida crucial. Vamos a trabajar en esto con el Ayuntamiento, están dispuestos a estudiarlo.

- Y respecto a los refugiados, ¿es para ustedes satisfactorio el flujo que llega a nuestra capital y sobre todo la atención que se les presta?

- Desde 2015 ha habido unos doscientos y pico personas refugiadas en León, que no es mucho, pero el problema en que en seis meses no reciben respuesta de las autoridades sobre su solicitud de asilo y en algunos casos se quedan sin ayuda municipal. Pedimos que se estudie qué se puede hacer hasta que obtengan el asilo para que esas personas no queden en la calle. El alcalde de León y la concejala cree que aquí no hay muchos casos, pero hay que estudiarlo bien.

- Otro asunto que trataron en su visita al alcalde de León es que esta ciudad se sume a la campaña 'Ciudades por la Vida', contra la pena de muerte...

- Porque el Ayuntamiento de León puede dar un paso más. El 30 de noviembre celebramos esta exigencia en más de 2.000 ciudades en todo el mundo, unas 60 en España, y desearíamos que el Ayuntamiento de León organice algo, ponga una pancarta en el Consistorio, colabore con alguna charla importante...

Vivimos una época en la que por primera vez desde la segunda Guerra Mundial se cuestiona que los seres humanos nacemos libres e iguales

- ¿Por qué nuestra sociedad se resiste a volcarse con este tipo de agresiones a los Derechos Humanos, que se mantienen fuera de nuestras fronteras, cuando en España hay un convencimiento masivo de que un Estado no puede matar a nadie como medida de represión o de pena?

- Por un lado, vivimos una época en la que es la primera vez que se cuestiona desde el final de la segunda Guerra Mundial que todos los seres humanos nacemos libres e iguales, y la pena de muerte sigue siendo una de las violaciones más importantes de Derechos Humanos. Pero es que además estamos cerca de lograr su abolición y hay que hacer un esfuerzo más para lograrlo. Hay una rara coalición entre gobiernos y sociedad civil para lograrlo y eso merece la pena. Hay que reforzar la solidaridad, como cuando había pena de muerte en España y el mundo se volcaba por que aquí no pasara.

- ¿Se sumará León a la ofensiva institucional para presionar al Gobierno y que España deje de vender armas a Arabia Saudita?

Tenemos que implicar a los ayuntamientos contra la venta de armas pero no va a ser fácil porque gobiernos del PP y el PSOE lo están haciendo

- Claramente no están de acuerdo. Amnistía en León ha presentado una moción en el Ayuntamiento esta semana, hay que esperar que se discuta, pero el alcalde no está por la labor de impulsarla. Los derechos humanos no tienen que ver con competencias administrativas. Hemos documentado tras la venta de armas, ayer mismo, bombardeos a civiles y otras cosas, no podemos resignarnos. Tenemos que seguir el ejemplo de otros gobiernos como Bélgica, Suecia, en parte Alemania, que han decidido no venderles armas. Se tienen que implicar los ayuntamientos, aunque no va a ser fácil porque gobiernos del PP y el PSOE están vendiendo las armas. Yo le he explicado a Silván que hace años en Llodio se fabricaban instrumentos de tortura, y el principal argumento cuando fuimos a visitarles fue la defensa de los puestos de trabajo. Con sus horcas y todo. Y hoy están prohibidos. Así que habrá que cambiar el modelo productivo.

- Un asunto de gran actualidad, que incluso ha enfrentado a miembros del mismo Gobierno socialista, sobre cómo hay que mantener los puestos de trabajo a costa de muchos muertos miles de kilómetros más allá...

- Correcto. Amnistía no está en contra del comercio de armas, a un país aliado como Francia o Alemania, que estás seguro de que no se va a utilizar en ningún conflicto. Pero otra cosa es que acaben matando en Yemen. Y España es el cuarto país en exportaciones en Arabia Saudita, y en los otros tres hemos encontrado las armas, tenemos las pruebas. Imaginémonos que encontremos las armas españolas tras un ataque... No hablamos del ámbito ético sino legal: hay una Ley de 2007 que impide mandar armas a países en los que hay graves ataques a los Derechos Humanos.

- Estamos viviendo un auge brutal, ideológico y político, de la extrema derecha, y en países de mucho peso, en Europa, en América. ¿Se nota en cuando a la salud de los Derechos Humanos?

Los Derechos Humanos dan estabilidad a la sociedad: si respetan los derechos a la salud, a la educación o a la vivienda los países son más estables

- Considerar a alguien demonio o demonizar es parte de la historia de la humanidad. La gran diferencia ahora es que lo hacen gobiernos, elegidos democráticamente, con apoyo a veces masivo, y que ya ni intentan disimular sus argumentos sino que desafían los Derechos Humanos, atacan su núcleo. Esa es una doctrina a combatir. Ocurre cuando Trump se refiere a los musulmanes de once países o defiende un muro para protegerse de los emigrantes; cuando el Gobierno turco echa a 130.000 funcionarios sin procesos individualizados, todos considerados golpistas; cuando el húngaro cree que los refugiados son terroristas; cuando el Gobierno filipino comete ejecuciones extrajudiciales sobre drogadictos... Todo eso instala a la sociedad un enemigo común y supuestamente protegerse a través del miedo. Eso es muy preocupante, es cuando recuerda a la década de los años 30 nazi, en el que aquel gobierno hablaba de proteger a los humanos de los infrahumanos. Nosotros tenemos que combatir a esos gobiernos y también convencer a las opiniones públicas de que los Derechos Humanos son lo que dan estabilidad a una sociedad: si respetas el derecho a la salud, a la educación o la vivienda, hace los países más estables. Hay que convencer a quienes votan por miedo aunque no son hostiles a los derechos humanos. Porque los derechos humanos no son solo para minorías, son para todos y cada uno de nosotros.

- Uno de los argumentos principales es el del miedo a la inmigración, incluso en países, como España, donde la realidad es que incluso desciende.

Parece mentira que hoy estén en cuestión cosas como que a la gente que se está ahogando hay que salvarla

- No creo que la sociedad española esté 'comprando' estos argumentos. Es verdad que yo siempre he dicho que ningún partido político tenía ese discurso, aunque ahora puede estar cambiando, pero espero que no se consolide. El discurso del miedo a la inmigración es muy peligroso. Ese mensaje puede acarrear problemas serios de racismo y xenofobia. Lo vemos ahora en Brasil. No nos van a invadir, las urgencias no se van a colapsar de gente. Sería importante para disipar esos temores es que la Unión Europea tuviera una posición común, pero da la sensación de que las cosas se hacen a sobresaltos. Lamentablemente Europa tiene muchos países que no lo quieren hacer y se basan en el miedo. Parece mentira que estén en cuestión cosas como que a la gente que se está ahogando hay que salvarla.

- Pero, ¿de dónde nace ese miedo?

- En Alemania han recibido dos millones de refugiados en dos años, se ha convertido en el octavo país del mundo, y no ha pasado nada. Lo contrario es vender a la gente que puede cerrarse Europa, que se les puede deportar, y eso además inmoral es ilegal.

- Y nos arruinaría.

- No es útil para la sociedad que tenemos. Que lleguen inmigrantes no es buena ni mala noticia, pero en países envejecidos, con natalidad que no asegura un futuro, sería bueno que hubiera una buena recepción de emigrantes, ordenada, hay trabajos que se pueden gestionar.

- La corrupción, que se ha convertido en España en una de las principales preocupaciones de los ciudadanos, ¿cómo afecta a los Derechos Humanos?

- Lo primero es que la corrupción antes que nada es un delito. Cuando es masiva en un país tiene un impacto sobre los Derechos Humanos. No es el caso de España. Pero en otros países afecta a lo que se debería gastar en educación, en sanidad, en vivienda. Son servicios sociales que aseguran derechos humanos y se llenan de agujeros. También es preocupante que aumenten el número de asesinatos de aquellos que investigan casos de corrupción...

- A día de hoy en Europa, tres periodistas muertos recientemente por este motivo.

Puede haber corrupción pero lo esencial es que no haya impunidad, es la carcoma de la sociedad

- Así es, no digamos ya en Méjico, Turquía y otros. Amnistía debe preocuparse cuando es corrupción es masiva o cuando los gobiernos, solos o en colaboración con grupos armados, permiten que los que investigan sean considerados objetivos y sean amenazados, llegando a provocar la autocensura. Puede haber corrupción pero lo esencial es que no haya impunidad, es la carcoma de la sociedad. Se ve en Méjico, Venezuela, Bulgaria, Rumanía... Cuando alguien se libra no queda nada ejemplar. Hay que actuar con decisión. Hay una convención de Naciones Unidas de lucha contra la corrupción y España se ha unido relativamente hace poco tiempo. La corrupción si se admite va ligada a la violación de derechos humanos, provoca ejecuciones extrajudiciales... es un cáncer de la sociedad.

- Respecto a la violación de derechos humanos, ¿por qué España tiene la recurrente tentación de impulsar leyes como la Ley Mordaza, antes la de la Patada en la Puerta, o ahora las restricciones a la libertad de expresión, con la excusa de mantener seguridad?

- Veo dos razones. Una que se va instalando en España, antes en Europa, es: vamos a combatir el terrorismo recortando libertades. Las leyes antiterroristas deberían ser en momentos excepcionales de la historia, pero se acaban convirtiendo en leyes ordinarias. En España en los 80 hubo las primeras leyes antiterroristas. Parte fue declarada inconstitucional pero se ha mantenido no en estado latente sino incluso agravándola. E incluso en 2015, ya sin ETA, sin Grapo, sin grupos armados, salvo la genérica amenaza yihadista, se aumenta la prisión para enaltecimiento de terrorismo y ahí van cayendo personas inocentes. Tras ese pacto en 2015 de varios partidos políticos se ha conseguido que una persona, por enaltecimiento, pueda ser condenada hasta con tres años de cárcel y, aún peor, diez años de inhabilitación, que es brutal. Ojo, por una opinión provocativa. Hay 'redes araña' buscando en redes sociales para encontrar gente que enaltezca supuestamente el terrorismo... aunque ese terrorismo ya no exista. En 2011 ETA dejó de matar, se acabo el miedo a ser asesinado, y ese año hay una persona en prisión. En 2017 hay 70 personas, y apenas por yihadismo. Es el ejemplo de una Ley contra el terrorismo se ha quedado como una amenaza para las personas, los que llaman los fiscales “personas antisistema”, con toda la vaguedad. La humillación ya está en el Código Civil, se puede defender el honor, hay vías, pero nadie debe estar en la cárcel por eso.

- ¿Y qué parte de culpa tiene la crisis y la contestación social que ha producido?

Es perverso que dos personas protestando pacíficamente contra el soterramiento del AVE, en Murcia en este caso, sufran una cascada de condenas

- Esa es la segunda parte, la que tiene que ver con la desmovilización social. La Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana (Ley Mordaza) se impulsó en un momento de enorme movilización social durante la crisis. España no sufre inseguridad, es un país muy tranquilo. Nada justifica un extra de poderes de la Policía, de supervisión. Y sin embargo es masivo: en 2016 hasta 33.000 personas han sido sancionadas por actos de pura libertad de expresión, manifestaciones, desobediencia; y en 2017, 36.000. Han tenido éxito, han provocado la desmovilización. Dos personas protestando contra el soterramiento del AVE en Murcia, pacíficamente, han tenido una cascada de condenas. ¿Qué es esto? Es perverso.

- Más allá del foco público puesto en Franco y el Valle de los Caídos, ¿cómo valora Amnistía Internacional el cumplimiento en España de los Derechos Humanos respecto a las víctimas de la Guerra Civil y la posguerra franquista?

- Nosotros no hablamos de Memoria Histórica. Hablamos de verdad, justicia y reparación, que son lo que marcan las leyes internacionales.

- ¿Y la Ley de Memoria Histórica queda muy lejos de esto, no?

La Ley de Memoria Histórica ni siquiera reconoce la responsabilidad del Estado, que protagonizó aquella represión. Mientras, en el mundo desde 2010 ha habido 45 Comisiones Verdad

- Es una mera Ley administrativista. Tiene la utilidad de que no haya calles en honor a los perpetradores. Nada más. Ni siquiera reconoce la responsabilidad del Estado. El Estado protagonizó aquella represión y España es una mala excepción. Pero el mundo, afortunadamente, ha ido en otra dirección. En el mundo en 2010 ha habido 45 'Comisiones Verdad', Liberia, Sierra Leona, Argentina... En España no ha habido nada, al contrario: conforme avanza la Democracia, avanzan los obstáculos.

- ¿Qué queda por hacer, desde el punto de vista del Derecho Internacional?

- España es un caso triste de incumplimiento por parte de los tres poderes del Estado: el judicial, que considera los delitos prescritos; el Parlamento se niega a anular la Ley de Amnistía del 77 que permitiría abrir la reparación; y el Gobierno no ha dado pasos sustanciales. En España hay al menos 2.450 fosas, probablemente unas 114.000 víctimas, más que en toda América Latina en el siglo XX, y sólo en Castilla y León al menos 135 fosas, que se sepa. Queda todo por hacer, lo primero quitar obstáculos, abrir comisiones de justicia o anular la Ley de Amnistía para que haya acciones judiciales. Han sido restituidos los partidos políticos y sindicatos, pero ningún individuo. Hay que considerar que lo que pasó durante el Franquismo y la Guerra Civil son crímenes internacionales, que son imprescriptibles.

- ¿Qué ejemplo se podría seguir?

- En Alemania llevan desde 1952 con la asignatura obligatoria de Derechos Humanos en los colegios, explican lo que hicieron. Somos una triste excepción, es un desastre, incluso hemos legislado para que no se pueda ejercer la Justicia Universal.

La mayor parte de la clase política de España cree que se puede pasar página sin leer la página

- Y parece aumentar ese argumento de “no reabrir heridas”...

- La mayor parte de la clase política de España cree que se puede pasar página sin leer la página. La concienciación social ha ido creciendo, antes del año 2000 casi nadie reclamaba nada. Hace dos años en una campaña de Amnistía reunimos 350.000 firmas. Lo necesitamos como país. Porque ¿qué política exterior de derechos humanos tendrá un Gobierno si no hacemos esto? ¿Qué le vamos a decir a ningún país? Necesitamos fuerza moral, como Argentina, con 500 militares y civiles en arresto domiciliario.

- E intentando incluso que se asuman responsabilidades aquí, algún exministro del Franquismo, como el leonés Martín Villa.

- Es que España ni investiga ni deja investigar. Hay 19 personas con orden de busca y captura que no pueden salir de España. También ocurre con otras cosas: sólo judicializados hay más de 1.100 casos de bebés robados, una situación terriblemente ilegal e injusta. Tenemos limitada la capacidad de perseguir criminales fuera de España, a diferencia del 80% de los países.

Amnistía ya pidió hace años al Vaticano investigar (los abusos sexuales), llevar ante la Justicia a las personas y garantizar la no repetición. Ahora vemos con indignación que se ha hecho muy poco

- Delitos que prescriben e impunidad, sensaciones que la sociedad tiene también con casos de pederastia de algunos religiosos de la iglesia católica, casos como los que afectan a León.

- El Vaticano es un Estado. Y como tal debe investigar y llevar ante la Justicia a las personas, así como garantías de no repetición. Amnistía hace ya años se dirigió hace años a la iglesia católica en este sentido y ahora vemos con indignación que se ha hecho muy poco.

- ¿Quizá mucha declaración y poca actuación? ¿O poco punitiva?, como la reciente decisión de retiro de un sacerdote de la Diócesis de Astorga acusado de abusos sexuales en el seminario de La Bañeza, entre otros.

- Es que si eres culpable de abuso a un niño debes ir a la cárcel. Es lo único que da tranquilidad y es ejemplar. ¿Por qué surgen tantos casos en la iglesia de abusos? Porque la impunidad es la norma. Hasta que esa impunidad no se quiebre, como en cualquier otro país, parece que se toleraría.

- ¿Cuáles son los principales problemas relacionados con Derechos Humanos en España?

Tardar seis meses en tener médico para una enfermedad grave, las listas de espera, el copago de los pensionistas... no son recortes. Cuando lo veamos como violaciones de Derechos Humanos algo cambiará

- Vivienda y salud son dos grandes violaciones de Derechos Humanos en este país pero muchas veces no se ven más que como problemas sociales. En primer lugar, en el segundo trimestre de 2018, los desahucios por alquiler han seguido creciendo y alcanzan los niveles de 2013. Ese es uno. Y el otro es la salud. El sistema de salud se ha deteriorado enormemente. Desde Amnistía hicimos una investigación llamada 'La receta equivocada' y ha pasado en unos años de ser el noveno del mundo, en cuanto a calidad, universalidad, accesibilidad, a ser el número 19, en muy poco tiempo. Que haya personas con enfermedades graves que tarden seis, siete, ocho meses en ser recibidas por un médico es una violación de los derechos humanos. Hemos entrevistados a enfermos de cáncer y otras enfermedades muy graves, comprobado listas de espera, hablamos del copago sobre todo a los pensionistas, gente que no puede permitirse tratamientos médicos y mes y los pasa para el siguiente... No son recortes. Cuando los veamos como violaciones a los Derechos Humanos algo cambiará. Porque los Derechos Humanos son de todos, todo el mundo va al ambulatorio, tiene una vivienda o necesita enviar a sus hijos a una escuela. Los gobiernos así entenderán que los Derechos Humanos no son derechos de segunda categoría.