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OPERACIÓN ANTICORRUPCIÓN ENREDADERA

Los pinchazos telefónicos al alcalde Arsenio García y otros concejales convierten a Astorga en el Ayuntamiento más imputado de 'Enredadera'

La UDEF pidió la imputación, además del alcalde y los tres concejales detenidos, del concejal Ángel Iglesias, el empresario y alcalde de Santiago Millas Sindo Castro, el ejecutivo Pascual Carro y la arquitecta técnica municipal Maura Vega aunque de momento han quedado excluídos de la investigación. Permanecen como investigados el alcalde Arsenio García y otros tres concejales, Pablo Peyuca González, Manuel Ortiz y Javier Guzmán.

Arsenio García, alcalde de Astorga
ICAL. Arsenio García, alcalde de Astorga.
A. Vega | 08/08/2018 - 10:00h.

NOTA DE LA REDACCIÓN (27/08/2018): INFORMACIÓN ACTUALIZADA Y RECTIFICADA

El Ayuntamiento de Astorga se ha convertido por derecho propio en el consistorio de España más bajo sospecha de la trama 'Enredadera'. En el Juzgado de Instrucción Número 2 de la ciudad se investiga una pieza separada sobre presuntos chanchullos en contratación pública del Ayuntamiento de Astorga, del de Villarejo de Órbigo y del contrato de recogida de basuras de la Mancomunidad del Órbigo, que ha salpicado a los alcaldes de León, Hospital de Órbigo y Benavides.

En la operación del pasado 3 de julio fueron detenidos y llevados a disposición judicial el alcalde de Astorga, Arsenio García (PP), junto a los concejales del consistorio Pablo Peyuca González (PAL), Manuel Ortiz (PP) y Javier Guzmán (PP). Los cuatro quedaron en libertad con cargos y sin más medida adicional de que acudan a la justicia cuando sean reclamados.

Pero no son los únicos miembros del Ayuntamiento de interés en la operación 'Enredadera' en la pieza astorgana, que indaga sobre presuntos contratos irregulares con sociedades de los empresarios encarcelados José Luis Ulibarri y Ángel Luis García 'El Patatero. Así al concejal de Seguridad Ciudadana, Ángel Iglesias, la UDEF de la Policía Nacional le puso bajo la lupa pidiendo que declarada en calidad de investigado. Lo mismo hizo con la trabajadora municipal Maura Vega, según el auto de inhibición del juzgado de León al de Astorga, de 26 de junio, para que instruya las irregularidades habidas en la comarca.

Como consecuencia de la investigación a las sociedades mercantiles vinculadas a los empresarios Sindo Castro y Victorino González, adelantadas por este periódico, se puso bajo la lupa también a Sindo Castro, que es también político en Santiago Millas por el Partido Popular. Lo mismo le ocurrió al gerente de la empresa Promotora Maragata, una empresa vinculada al también constructor Victorino González (expresidente de la Cámara de Comercio local y de la entidad financiera Caja España), Pascual Carro Panduro.

La Fiscalía se había opuesto a estas peticiones de la UDEF, en un informe, a estas citaciones como investigados, al considerar que "que de lo instruido hasta la fecha no constan elementos suficientes de su grado de participación en los hechos investigados", aunque no descartaba posicionarse a favor en función del avance de la causa.

Por todo ello la jueza que lleva la investigación sobre esta pieza separada optó el 2 de julio por dejarlos fuera de la investigación judicial, al menos de momento, al entender que,

Pinchazos desde enero

Las acusaciones contra los políticos investigados vienen fundadas en las conversaciones telefónicas intervenidas gracias a una orden judicial. Así desde el 18 de enero de este 2018 el alcalde Arsenio García y los concejales Manuel Ortiz y Javier Guzmán vieron intervenidos sus teléfonos dentro de la acción judicial contra presuntas irregularidades en contratación.

Una conversación entre el alcalde astorgano y el concejal Ángel Iglesias califica como "mafia" la operativa de los empresarios implicados en la trama Enredadera. Puedes leerla completa en la información sobre la querencia de José Luis Ulibarri por el alcalde de León, Antonio Silván.

Asegura la Fiscalía Anticorrupción en un informe del 25 de junio que de las conversaciones intervenidas "se acredita la relación que mantiene Angel Luis Garcia Martin con el Alcalde de Astorga, Arsenio Garcia Fuertes, y con uno de los concejales de dicho consistorio, Manuel Ortiz, con los que mantienen reuniones y "hablan como empresarios// y ello con objeto de obtener adjudicaciones irregulares de 11 obras". Según Anticorrupción dan instrucciones "sobre el modo de acceder a ellas (obras) en detrimento de empresas que no son de la zona, así como el control por parte de los empresarios de los pliegos de condiciones de contratación de obra pública".

Destaca también la Fiscalía que "también consta el control de medios de comunicación locales, a los que los políticos pagan con objeto de que los contenidos publicados les sean favorables, fundamentalmente en periodos electorales".

Las reacciones de los interesados

Este medio ha intentado ponerse en contacto con los nombres de los investigados adicionales. Únicamente la arquitecta técnica ha accedido a mantener una conversación en la que ha dejado claro que, a fecha presente, a ella no le han notificado novedad alguna que le afecte en este caso, ni en calidad de investigada ni de ninguna otra manera, por lo que la documentación judicial que la menciona en calidad de tal le causa "sorpresa". Y además, recuerda que cuando se practicaron los registros por orden judicial en la sede municipal, el pasado 3 de julio, no fue requerida especialmente por los miembros de la UDEF por este motivo.

Por su parte, el alcalde de Santiago Millas, Sindo Castro, ha colgado de forma rápida el teléfono con un "gracias, hasta luego". Mientras, el edil Ángel Iglesias manifestó ante este medio su "sorpresa" por la petición de la UDEF de que sea investigado y reiteró que su situación jurídica es inexistente en relación a la investigación.

También ha contestado a las preguntas Pascual Carro, quien afirma también que no le consta "ninguna comunicación" judicial que le afecte y tampoco la espera porque "la empresa en la que trabajo, porque soy sólo un empleado, ha realizado algunas obras para el Ayuntamiento (de Astorga), muy pocas, dos, tres o cuatro, todas de muy poca cantidad y por el procedimiento de invitación ordinaria que hace el Ayuntamiento", es decir, resume "todo legal".

Por eso, asegura que "no tengo nada que ocultar" y cree que la mención de su nombre "quizá se deba a que a la hora de investigar metan a todos en el mismo saco", algo que en su caso estima que "no tiene mucho sentido".

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