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TRIBUNALES

Ecologistas en Acción espera que Anticorrupción impute al leonés Ricardo González Mantero en la trama eólica

Nueva jornada de declaraciones en los juzgados de Valladolid que investigan un presunto fraude de más de 80 millones de euros por concesiones eólicas en Castilla y León con el director general de Energía y Minas de la Junta en el punto de mira.

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El director general de Energía y Minas, Ricardo González Mantero, testifica en el proceso de instrucción judicial del caso 'Trama solar'. / R. Valtero / ICAL
ICAL | 06/07/2018 - 16:36h.

Ecologistas en Acción, colectivo que ejerce la acusación popular en la causa judicial que investiga el pago de comisiones superiores a los 80 millones de euros a cambio de autorizaciones de parques eólicos en Castilla y León, esperará a que la Fiscalía Anticorrupción presente la imputación del director general de Energía y Minas de la Junta, Ricardo González Mantero, y el exresponsable del área eólica, el funcionario Tomás Ciria. "La imputación de estas dos personas sería una petición lógica en la instrucción penal, aunque lo normal es que sea la Fiscalía Anticorrupción quien lo presente porque es quien lleva el protagonismo en las diligencias. De no hacerlo, valoraríamos esa posibilidad, en su momento", aseguró hoy el abogado de Ecologistas en Acción, Emilio Martínez.

El letrado de la organización ecologista consideró que González Mantero y Ciria eran "algo más que funcionarios obedientes" y que se limitaban a transmitir órdenes de sus superiores. Hace un año, el actual director general de Energía y Minas y que entonces era responsable de eólicas en el Ente Regional de la Energía (EREN) declaró como testigo ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción 4 de Valladolid y admitió que la planificación y existencia de empresas locales en las autorizaciones de parques eólicos en la Comunidad era una decisión "política" que partía del entonces consejero de Economía, Tomás Villanueva, tal y como confirmaron fuentes jurídicas.

Precisamente, Martínez recordó, durante un receso en la sala de vistas de los juzgados de la calle Angustias en Valladolid, que los hermanos Álvaro y Ricardo Fuster, responsables de Cannon Power España, reiteraron su declaración del año pasado que se vieron obligados a vender la media docena de proyectos de parques eólicos en la región ante el retraso de la autorización por parte de la Junta. Ambos empresarios reconocieron que sus interlocutores en la administración regional eran González Mantero y Ciria.

Después de que Álvaro Fuster decidiera no atender a los medios, tras la petición expresa de la Agencia Ical, el letrado de Ecologistas en Acción apuntó que este empresario manifestó su disgusto por la situación que vivió su empresa en Castilla y León. "Ha utilizado la palabra de vergonzoso tras sufrir las presiones del EREN porque tanto González Mantero como Ciria fueron los encargados de gestionar las exigencias de la búsqueda de socios locales", añadió.

Los hermanos Fuster apuntaron que los socios locales que les recomendaron desde la Junta eran "absolutos ignorantes" del sector eólico ya que, según apunta el letrado de la organización ecologistas, dijeron que desconocían, incluso, el precio de kilovatio hora. Todo ello, a su juicio, debe estar relacionado con otros "flujos" de carácter político.

Los empresarios volvieron hoy al juzgado por petición del fiscal para explicar con detalle las fechas, las formas y las primas de los pagos de sus participaciones en Cannon Power por parte de Iberdrola, que ascendieron a 5,6 millones de euros. Un precio que, según los expertos, se trataba de un precio de mercado por lo que no tuvieron que "regalar" esos parques. "En su segunda comparecencia han sido más explícitos al comentar que su voluntad empresarial fue torcida por parte de la Junta", precisó Emilio Martínez.

Recordó que esta empresa contaba con toda la tramitación administrativa para sus parques eólicos como la declaración de impacto ambiental e incluso con el nudo de enlace para dar salida a la energía que se iba a producir con los aerogeneradores. Pero estuvieron paralizados entre 2003 y 2006, a la espera de la autorización última de la Junta.

Tras la comparecencia de los hermanos Fuster, el representante de Ecologistas en Acción expuso que han dejado claro que llegaron a Castilla y León con la intención de desarrollar su negocio eólico, pero se toparon con las dificultades administrativas. "Solo faltaba la firma del viceconsejero de Economía, Rafael Delgado, que se atribuía las competencias que correspondían a las delegaciones territoriales de la Junta", concluyó Martínez.

En la sesión de hoy, y también en calidad de testigos, comparecieron el exconsejero delegado de Endesa, Rafael Miranda, y el actual director general de Generación de la compañía eléctrica, Manuel Morán. Miranda tampoco deseó atender a los medios y se limitó a comentar que "desconocía por qué estaba hoy en el juzgado".

En ese sentido, el abogado de Ecologistas en Acción declaró que ambos reconocieron que la entrada de socios locales en el capital de las promotoras eólicas era una práctica habitual en otras comunidades autónomas y el extranjero.

Ausencia de Pedro Ballvé

Otro de los testigos que estaba citado para hoy por el Juzgado de Instrucción era el expresidente de Campofrío, Pedro Ballvé, por su relación con la empresa Ibereólica Solar que también tenía pendiente la autorización de seis parques eólicos en la Comunidad. Al parecer, Ballvé no pudo acudir al juzgado por estar de viaje. El letrado de la acusación particular restó importancia a la ausencia del empresario burgalés y aseguró que será citado de nuevo para comparecer otro día.

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