La corrupción ‘estalla’ en León con registros, detenidos e imputados en cinco ayuntamientos

Peio García / ICAL La Policía registra las dependencias municipales en Astorga y retiene a varios cargos públicos

M.C./A.M./J.U./C.J.D./A.V

La Operación policial de la UDEF, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, contra una presunta trama corrupta por la que se han llevado a cabo a lo largo de este martes registros en los ayuntamientos de León, Astorga, San Andrés del Rabanedo, Villaquilambre y Villarejo de Órbigo se ha saldado, hasta el momento, con detenciones y traslados de distintos políticos y técnicos municipales a dependencias policiales.

La operación 'Enredadera' se saldó, hasta este momento, con 39 detenidos, aunque de ellos 18 pasaron a disposición judicial -5 en Astorga y 13 en Badalona (Barcelona)-, y el resto fueron puestos en libertad.

La actuación policial en el marco de la operación denominada 'Enredadera', que afecta también a ayuntamientos de toda España, investiga la contrataciones irregulares, en concreto una red de amaños de adjudicaciones fraudulentas en sistemas de seguridad vial, entre otros asuntos. La operación se habría iniciadon en una empresa informática barcelonesa que se quedaba con servicios informáticos como los semáforos o la gestión de las multas y noticificaciones, aunque habría ramificaciones.

Así, en San Andrés del Rabanedo la alcaldesa, María Eugenia Gancedo, el concejal socialista Santiago Blanco, y el edil también socialista Miguel Flórez han sido trasladados por la Policía y han abandonado el edificio Consistorial en vehículo policial dirección comisaría. También habrían sido interrogados el concejal del PAL Francisco Gómez y el concejal de Ciudadanos y diputado provincial Juan Carlos Fernández y algún técnico municipal, aunque este extremo no ha sido confirmado de forma oficial. A última hora de la tarde, han abandonado las dependencias policiales tras prestar declaración.

En el caso del Ayuntamiento de Villaquilambre han sido llevados a declarar a la comisaría de León el regidor 'popular' Manuel García, que ya ha abandonado dependencias policiales; la concejala Mónica Varón y un técnico municipal. Todos ellos han sido escoltados por los agentes del Ayuntamiento del municipio a dependencias policiales.

También se han producido traslados a comisaría en el Consistorio astorgano. La Policía se ha llevado al alcalde del PP, Arsenio García; el teniente alcalde del PAL, Pablo Peyuca González; el concejal de Urbanismo, Manuel Ortiz; y el concejal de Deportes, Javier Guzmán, todos ellos han sido trasladados por la UDEF a comisaría. En el Ayuntamiento de Astorga cinco personas han sido puestas a disposición judicial.

Del mismo modo, se encuentran detenidos por la Policía el empresario leonés José Luis Ulibarri, su mano derecha Miguel Manovel y el asesor de Ciudadanos en la Diputación de León, Sadat Maraña, de los primeros nombres en salir a la luz como implicados en la macrooperación contra la corrupción por adjudicaciones de contratos en materia de seguridad vial.

El alcalde de Villarejo de Órbigo, el socialista Joaquín Llamas, también ha abandonado dependencias municipales acompañado por los agentes para prestar declaración en la Comisaría de la Policía Nacional de Astorga.

En el caso del Ayuntamiento de León, los registros por parte de la unidad policial UDEF continúan a última hora de la tarde de este lunes, más de 12 horas de registros que, por el momento no se han terminado.

No obstante, los agentes precintaron el despacho del concejal de Infraestructuras y Deportes y viceportavoz del equipo de Gobierno, José María López Benito y de dos técnicos municipales del área de proyectos. Durante toda la mañana de este martes y parte de la tarde han solicitado información sobre distintas áreas de gestión municipal.

Más de medio millar de agentes en toda España

La macroperación contra la corrupción 'Enredadera' iniciada desde el Ministerio Fiscal en coordinación con el Juzgado de Instrucción número 2 de Badalona, la llevan a cabo más de medio millar de agentes en toda España bajo la dirección de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) de la Policía Nacional y afecta a cinco municipios de la provincia leonesa (León, San Andrés del Rabanedo, Astorga, Villaquilambre y Villarejo de Órbigo) y al de Palencia.

Numerosos agentes hicieron acto de presencia desde primera hora de este lunes tanto en dependencias municipales como en domicilios particulares de algunas de las personas -cargos institucionales, administrativos y políticos- que prestan declaración ante la Policía y que en algunos casos lo harían ya en calidad de detenidos.

La llegada de los policías y de los vehículos a los recintos consistoriales sorprendió tanto a trabajadores como a viandantes y a los ciudadanos que acudían a sus respectivos ayuntamientos a realizar alguna gestión administrativa. Las posibles irregularidades en contrataciones públicas son el eje de esta operación que alcanza a 40 municipios de toda España.

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