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TRIBUNALES

Francisco Fernández, exalcalde de León, defiende la legalidad de los créditos de Caja España a Santos Llamas

El expolítico ha sido el único de los citados a declarar este lunes en el caso que investiga los presuntos créditos irregulares que ha prestado declaración. El resto, entre ellos el concejal de León Javier García-Prieto, no han respondido a ninguna pregunta alegando que el proceso está recurrido o que podría acabar en el Supremo.

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A. Vega | 19/02/2018 - 13:15h.

La reactivación de la investigación judicial del llamado 'caso Caja España' este lunes se ha quedado a medio gas tras negarse a prestar declaración seis de los siete citados para esta primera jornada. Todos lo hacían en calidad de 'investigado', la antigua figura de imputado y tan solo el exalcalde socialista de León Francisco Fernández ha prestado declaración, respondiendo a la juez, fiscalía, defensa y alguna pregunta suelta de las acusaciones.

El caso aborda la responsabilidad de los exconsejeros de la antigua caja leonesa sobre los que pesa la acusación de administración desleal en el ejercicio de sus funciones, iniciado a raíz de un informe de inspectores del Banco de España que consideraron posibles irregularidades en las concesiones de créditos por casi 80 millones de euros al expresidente de la entidad, el constructor Santos Llamas, no implicado en el procedimiento judicial de momento.

Nueve años lleva el asunto pululando por lo juzgados con innumerables retrasos y con una acusación popular que ejercen IU y Ecologistas en Acción. El principal 'investigado' es el actual número 3 del PP nacional, el expresidente de la Diputación de Zamora Fernando Martínez Maíllo, aforado por ser diputado nacional. La jueza del caso ha leveado un escrito al Supremo que debería servir para tomarle declaración y ver qué pasa con la causa entera, si la asume el tribunal madrileño total o parcialmente.

Y la situación de Maíllo y del Supremo ha sido uno de los argumentos ofrecidos por los imputados que se negaron a prestar declaración en esta jornada. La otra 'excusa' ha sido un recurso presentado por las partes contra la desestimación del archivo de la investigación que se sigue en el juzgado de instrucción número 5 de León.

El exconsejero Miguel Ángel Álvarez (antiguo representante de UGT), ha explicado a los medios que no ha declarado por "el punto que está el proceso y las circunstancias que lo rodean", aludiendo a la condición de aforado de Maíllo y que la declaración podría tener que hacerse en el Supremo. Ha defendido además que todas las decisiones que adoptaron en la entidad eran "con toda la honestidad para que fueran las apropiadas"

El concejal del PP en el Ayuntamiento de León y expresidente de la Diputación, Javier García-Prieto, ha asegurado que apenas conoce la causa porque lleva personado 16 días y que no ha dispuesto de la información para poder realizar su defensa. Ha reiterado que actuaron "conforme a la más estricta legalidad" y que los dictámenes técnicos avalaron los créditos de Caja España a Santos Llamas y que votaron conforme a ello.

Los otros acusados que no declararon han sido Bernardo Fernández, exconsejero de Caja España-Caja Duero por UPL; Artemio Domínguez, alcalde de Medina de Rioseco y diputado provincial por el Partido Popular en Valladolid; Alfredo Fernández Salvadores, exconsejero de Caja España-Caja Duero por el sindicato Csica; Juan Elicio Fierro, exconsejero de Caja España-Caja Duero y exconcejal de Ponferrada por el PP; y Alejandro Menéndez, el único de los que sobreviven como consejero en el banco EspañaDuero, en proceso de fusión con Unicaja.

El exalcalde de León defiende que no hubo administración desleal

La abogada de la acusación, Ana Peñalosa (IU), ha señalado que lo ocurrido en esta jornada "era lo esperado" ya que considera que los acusados no quieren tener ningun punto que les vaya a venir mal. Esperan que siga la instrucción en León con todos los no aforados y el Supremo asuma únicamente la parte que afecta al número 3 del PP, Martínez Maíllo.

La abogada ha relatado que en la declaración el exalcalde de León, Francisco Fernández, ha asegurado que no se siente responsable del perjuicio causado a la caja y que únicamente aprobaba las operaciones de refinanciación en base a los informes técnicos si éstos resultaban favorables, caso que alegan las defensas en el asunto de Santos Llamas.

Otro de los abogados de la defensa ha reiterado que "no hay nada en la denuncia" y rechazó la presunta administración desleal, asegurando que los consejeros simplemente mantuvieron un "espacio temporal que evitó que estallara la caja y el resto de las empresas de León", una cuestión que se habría evitado gracias a los créditos.

A preguntas de la prensa, Fernández ha asegurado que ofrecerá toda la información del caso de forma pública cuando acabe el proceso, que confía en que acabe siendo sobreseído. Ha contestado a las preguntas de la juez, fiscalía y defensas. Fernández asegura que "llevo nueve años aguantando un chaparrón" y que mantiene fuerza "porque tenemos la razón".

Para este martes, 20 de febrero, están citados a declarar varios exconsejeros vinculados al PSOE como Marcos García, exsecretario de Caja España-Duero; el catedrático Zenón Jiménez-Ridruejo; Olga Palacio, exconcejala socialista de León; el exconsejero; Begoña Núñez, exconcejala PSOE en Palencia; y el sindicalista José Antonio Turrado, líder povincial y autonómico del sindicato agrario Asaja. En principio su abogada ha anunciado que todos declararán.

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