Los carrasquistas le 'hacen la cama' a Majo para mantener la vieja estructura de poder en Diputación

Raúl Valcarce, superviviente del Carrasquismo y actual diputado provincial de Personal; y Juan Martínez Majo el día que tomó posesión y comprometió renovación en muchos aspectos, también en la polémica área del SAM.

ileon.com

Juan Martínez Majo, flamante presidente de la Diputación de León por el PP, está más solo frente a la vieja estructura del llamado 'carrasquismo' de lo que parece a simple vista, a pesar del discurso reformista que ha mantenido desde su toma de posesión. Y uno de los momentos más evidentes de ello ocurrió hace tan sólo dos semanas.

El viernes 27 de noviembre de 2015, el presidente de la Diputación, Juan Martínez Majo, no pudo acudir a la Junta de Gobierno del PP en la institución por encontrarse en Valladolid con motivo de la feria de turismo Intur. Y fue precisamente ese día en el que un determinado grupo de diputados populares, muchos de ellos hombres fuertes o afines a la fallecida presidenta Isabel Carrasco, le 'hicieron la cama' aprovechándose de su ausencia y complicando aún más la solución, comprometida por el presidente, al mal rollo y el embrollo judicial que pesa sobre el Servicio de Asistencia a Municipios (SAM) de la Diputación.

Fue un golpe de mano en toda regla encabezado por el diputado provincial Raúl Valcarce, alcalde de Carracedelo, tal como figura incluso en las actas oficiales. Aquella reunión sirvió para que el PP en el Gobierno del Palacio de los Guzmanes decidiera presentar recurso judicial a las dos últimas sentencias perdidas por la institución y ganadas por un grupo de funcionarios provinciales que litigan desde hace años para demostrar la irregularidad de la creación de cuatro plazas de máximos responsables del SAM bajo el mandato de Carrasco, ubicando en esos puestos a personas de su entera confianza, algunas de ellas incluso responsables en el aparato político popular tejido por la todopoderosa presidenta.

La tensión de una denuncia penal contra todo el PP anterior por cinco posibles delitos

Curiosamente, en la reunión sin Majo se decidieron presentar esos recursos de apelación cuando en una Junta de Gobierno anterior, en la que el presidente sí estaba presente, había impuesto que la decisión de continuar con el proceso judicial o no quedara sobre la mesa “para mayor estudio”. Se trataba de una ocasión de oro para, aprovechando la sistemática razón que los tribunales dan a los funcionarios denunciantes ya casi en una veintena de sentencias, comenzar a ir cerrando esta enquistada situación.

Juan Martínez Majo y Raúl Valcarce este año en la Feria del Pimiento. / César Sánchez / ICAL

Tan enquistada que estos funcionarios que se oponen al 'dedazo' de Carrasco ya impulsaron hace un año una multidenuncia histórica por vía penal y ante Fiscalía contra todos los diputados del PP de la anterior legislatura por presunta prevaricación, falsificación de documento público, malversación, fraude, tráfico de influencias y hasta coacciones y moobing, por su política “mafiosa” de personal. Todos los que eran diputados entonces, incluidos el propio Raúl Valcarce o el ex presidente Emilio Orejas, entre otros, tienen sobre sí esta grave espada de Damocles.

Pero la Junta de Gobierno a la que Martínez Majo no pudo acudir cerró definitivamente la posibilidad de ir arreglando las cosas. Las dos sentencias que el PP acordó recurrir son una del Juzgado Contencioso número 1 de León presentada por los empleados públicos contra la propia Diputación y la jefa del SAM, la controvertida Ana Cosmen, y que vuelve a admitir que su nombramiento y el de los responsables de Coordinación y de Arquitecto del SAM no podían ser elegidos por el sistema de libre designación, es decir, a dedo; y otra del mismo Juzgado que anula el sistema de provisión de estos altos puestos por el sistema de provisión por concurso específico y a sus sueldos. Se trata de las sentencias 296/2015 y 276/2015, respectivamente.

La inusual modificación del acta para aclarar que “no es ilegal”

En el primero de los casos, el único que intervino a viva voz para defender la opción de seguir batallando y mantener a los actuales funcionarios fue Raúl Valcarce. Pero algún fleco debió quedar para no pillarse los dedos, porque en la Junta de Gobierno siguiente (el 4 de diciembre, y ya con el presidente Majo presente) se modifica el acta de aquella sesión previa para introducir un matiz muy relevante que no se había registrado en el acta original: que la propia secretaria de la Diputación advirtió que “no es ilegal” el acuerdo de interponer los mencionados recursos para mantener viva la tensión en el SAM. Cabe destacar que una modificación de un acta de Junta de Gobierno no es para nada algo habitual en la institución.

Por cierto, que en esta misma Junta de Gobierno del 4 de diciembre Majo consigue imponer, ahora sí, acatar sin más una tercera sentencia en contra de la institución y ganada por los funcionarios respecto al Pleno de 2013 que santificó la designación del puesto de jefe coordinador del SAM.

Hay que recordar que el fin de la elevadísima tensión interna dentro de este Servicio de Asistencia a Municipios y el correcto funcionamiento de este órgano vital para el asesoramiento de los pequeños ayuntamientos y las pedanías fue uno de los pilares importantes del discurso de investidura de Juan Martínez Majo, quien expresamente se comprometió entonces a “hacer más eficaz y transformarlo en una herramienta útil para la gestión de ayuntamientos y juntas vecinales”. Algo que, a la vista de la actitud por la espalda de muchos miembros de su propio equipo, se le está complicando por momentos seriamente.

Cuatro o cinco 'majistas' frente a ocho 'carrasquistas'

Porque lo cierto es que el nuevo equipo de Gobierno del PP con el que cuenta Juan Martínez Majo en realidad conserva una gran mayoría de adeptos a Isabel Carrasco, que luego lo fueron de sus continuístas presidentes Marcos Martínez Barazón y Emilio Orejas, sucesivamente. Sin ir más lejos, permanecen en el Palacio de los Guzmanes éste último; el propio Raúl Valcarce, que fue la mano derecha en el Bierzo de la difunta presidenta de la institución y del PP; Francisco Lupicinio Rodrigo, responsable comarcal nombrado por Carrasco; Miguel Ángel del Egido, ex alcalde de Santa María del Páramo; José Miguel Nieto, regidor en Santa Colomba de Somoza que agasajó a Carrasco con la Medalla de Oro de su municipio; Francisco Javier García, alcalde de Sabero y que repite como diputado tran haber entrado también en la última terna elegida por Carrasco; Alfonso Arias, alcalde de Molinaseca e igualmente elevado por la ex presidenta a la Presidencia del Consejo Comarcal del Bierzo; y Manuela García, la única mujer del equipo de Gobierno, regidora de La Vecilla que entró por Carrasco tras su muerte porque estaba situada en excelente lugar como suplente. En total, suman ocho diputados que en mayor o menor medida, provienen de tiempos del 'carrasquismo'.

Por contra, Juan Martínez Majo suma tan sólo tres diputados incondicionales, cuales son el vicepresidente primero, ex alcalde de La Pola de Gordón, Francisco Castañón; el vicepresidente segundo y además para la comarca del Bierzo, Ángel Calvo, alcalde de Páramo del Sil; y el ex regidor de Cimanes del Tejar, Genaro Martínez. Tres acérrimos a los que les une como una piña con Majo la 'persecución' a veces personal emprendida por Carrasco contra ellos. No tan fácil de ubicar en cuál de los dos grupos se incluye a Miguel Ángel Fernández, alcalde de Toral de los Guzmanes y vicepresidente cuatro. Pero aunque fuera 'Majista' no dejarían de ser cinco frente a ocho. Una debilidad que explica maniobras como la ocurrida en la Junta de Gobierno del pasado 27 de noviembre.

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